La diputada Lourdes Arrieta solicitó precisiones a Vialidad Nacional sobre el estado de diez corredores clave, el destino de más de un billón de pesos del Sisvial y las obras paralizadas

La diputada nacional por Mendoza, Lourdes Micaela Arrieta, ingresó a la Cámara de Diputados de la Nación un exhaustivo proyecto de resolución para requerir al Poder Ejecutivo Nacional —a través de la Dirección Nacional de Vialidad y el Ministerio de Economía— un informe pormenorizado sobre el estado de conservación, mantenimiento, ejecución presupuestaria y situación contractual de la Red Vial Nacional en suelo mendocino durante los ejercicios 2024, 2025 y lo transcurrido de 2026.

La solicitud fundamenta que la falta de inversión estatal afecta la conectividad territorial, el desarrollo de las economías regionales y el comercio internacional. El requerimiento abarca específicamente diez rutas estratégicas: las Rutas Nacionales N° 7, 40, 142, 143, 144, 145, 146, 149, 153 y 188, ejes fundamentales para la producción vitivinícola, agropecuaria, minera, energética y logística de Cuyo, además de articular el tránsito hacia los pasos internacionales Cristo Redentor y Pehuenche.

La radiografía financiera del Sisvial y la acumulación de fondos

Uno de los aspectos más complejos de la presentación refiere al manejo de los recursos del Sistema Vial Integrado (Sisvial), que se nutre del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (Ley N° 23.966) y cuya distribución está regulada por los Decretos N° 301/2018 y N° 526/2024.

El texto toma como base documentación contable oficial y relevamientos técnicos para señalar una subejecución presupuestaria del 73,8%. Entre 2024 y mayo de 2026, el Sisvial habría acumulado $1,503 billones, de los cuales únicamente $394.406 millones fueron destinados a obras de mantenimiento e infraestructura vial. Según se detalla en el pedido, al 31 de mayo de 2026 existían $1,001 billones colocados en instrumentos financieros (como plazos fijos y títulos públicos) y $37.761 millones en cuentas corrientes. La iniciativa requiere aclarar las declaraciones del vocero presidencial Adrián Ravier, quien habría reconocido que el Ministerio de Economía utiliza parte de estas partidas en el marco de la política de equilibrio fiscal.

Mantenimiento a costo provincial y el convenio con Vialidad Nacional

La presentación parlamentaria advierte sobre la distorsión federal que implica la falta de obras nacionales, obligando a la Provincia de Mendoza a intervenir con recursos propios sobre rutas de jurisdicción central, tales como el Acceso Sur de la Ruta Nacional N° 40 y la Ruta Nacional N° 143 en San Rafael.

Esta situación quedó formalizada el 14 de mayo de 2025 mediante la firma de un convenio entre la Dirección Nacional de Vialidad y el Gobierno de Mendoza. A través de este instrumento jurídico, la provincia asumió la ejecución de trabajos de conservación, mejoramiento y señalización en tramos de las RN 7 (Palmira – Avenida Costanera), RN 40 y RN 143 (Pareditas – San Rafael) «a su propio costo y sin reembolso alguno» por parte de la Nación. El proyecto cita además un informe de la consultora Galois que estima que, si el 35,44% de los fondos del impuesto a los combustibles con destino específico se hubieran distribuido por coparticipación federal, Mendoza habría recibido $31.590 millones adicionales tan solo entre enero y julio de 2026.

El caso crítico de la ruta 40 en Malargüe y la seguridad pública

Dentro del diagnóstico de la red vial, el documento exige respuestas puntuales sobre la Ruta Nacional N° 40 en el departamento de Malargüe, puntualmente en el tramo comprendido entre el Paso del Planchón y Alfonso Capdeville —materia del expediente 2236-D-2026—. La legisladora solicita conocer el estado del proyecto ejecutivo, la existencia de contratos rescindidos o paralizados, las medidas de emergencia previstas y el cronograma para la reanudación de las tareas en una zona estratégica para la matriz energética y minera regional.

Finalmente, la iniciativa enmarca el deterioro vial como una problemática de seguridad pública. Se solicitaron los registros de siniestralidad vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) correspondientes a los últimos tres años, discriminados por ruta y tramo, para determinar en qué medida las deficiencias de infraestructura (baches, falta de señalización, deformaciones de calzada y fallas en contenciones) actuaron como factores de riesgo en accidentes con víctimas fatales o heridos.