Los concejales Gisela Caputo y Emiliano Álvarez Porte presentaron un proyecto en el Concejo Deliberante para solicitar al Ministerio de Seguridad que revoque las medidas disciplinarias contra los comisarios Bezos y Sandobal. Argumentan que se debe respaldar a la fuerza y apuntar a los verdaderos responsables de la violencia.

El Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Bahía Blanca se convirtió en el escenario de un nuevo debate en torno a la seguridad y el respaldo institucional a las fuerzas del orden. Los concejales Gisela Caputo y Emiliano Álvarez Porte, a través de un proyecto de resolución formal, solicitaron que se revean de manera urgente las recientes sanciones disciplinarias aplicadas a la cúpula policial de la ciudad.

La polémica se desató a raíz de las medidas dispuestas por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires contra dos altos mandos: el comisario Gonzalo Bezos, quien se desempeña como superintendente de la Región Sur, y el comisario Gonzalo Sandobal, actual titular de la Jefatura Departamental. Ambos efectivos fueron apartados o sancionados tras el operativo desplegado durante los graves incidentes de violencia registrados en las instalaciones del Bahía Blanca Plaza Shopping, en el marco de una manifestación llevada a cabo por el gremio de Empleados de Comercio.

Para los ediles impulsores de la iniciativa, la decisión de la cartera de seguridad provincial carece de sustento y envía un mensaje equivocado a la sociedad y a la propia fuerza policial, que debe lidiar cotidianamente con escenarios de alta tensión social.

«Creemos que esta decisión es injusta y equivocada», sostuvo de manera tajante la concejal Gisela Caputo al fundamentar el pedido. En su argumentación, la edil hizo hincapié en el difícil rol que debieron asumir los efectivos en medio del conflicto sindical: «No se puede responsabilizar a quienes tuvieron que actuar en un contexto complejo, con el deber prioritario de resguardar a los vecinos que transitaban por el lugar y evitar que la situación escalara aún más».

En la misma sintonía, Emiliano Álvarez Porte cuestionó lo que considera una medida de corte político más que operativo. «La policía no necesita castigos apresurados para dar una señal política», remarcó el concejal. Además, instó a las autoridades provinciales y judiciales a redireccionar el foco del conflicto: «Lo que corresponde en un Estado de derecho es respaldar a quienes actuaron con criterio profesional y avanzar con todo el peso de la ley contra los verdaderos responsables de los hechos de violencia y los destrozos».

El proyecto de resolución busca que el cuerpo deliberativo en su conjunto exprese su preocupación por el accionar del Ministerio de Seguridad y exija la restitución de los funcionarios policiales, poniendo en debate el límite entre el derecho a la protesta y el mantenimiento del orden público en la ciudad.