El Ministerio de Relaciones Exteriores contrató de forma directa a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, dirigida por María Josefina Roulliet, cónyuge del ministro Federico Sturzenegger. A pesar de los cuestionamientos por presunto nepotismo y la contradicción con el relato de austeridad oficial, el canciller Pablo Quirno defendió la transparencia del proceso.

Vínculos familiares y fondos públicos bajo la lupa

Un nuevo escándalo sacude los cimientos del relato de transparencia y austeridad del gobierno nacional. La Cancillería, bajo la conducción de Pablo Quirno, adjudicó un contrato directo por un valor de $114.044.133 a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI). El foco del conflicto no reside únicamente en la cifra, sino en quién lidera la institución beneficiada: María Josefina Roulliet, esposa del actual Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

El objeto del contrato es la capacitación en idioma inglés para el personal del ministerio. La medida despertó suspicacias inmediatas en los pasillos diplomáticos y en la opinión pública, dado que para ingresar al Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN) —el órgano formador de diplomáticos— se exige un dominio de excelencia del idioma inglés, lo que vuelve cuestionable la necesidad de una erogación de tal magnitud para este fin.

El peso de los antecedentes

Para María Josefina Roulliet, la exposición por vínculos con el Estado no es una novedad. Su trayectoria ha estado marcada por designaciones y beneficios que coincidieron con las etapas de mayor poder de su marido. Durante la gestión de Mauricio Macri, mientras Sturzenegger presidía el Banco Central, Roulliet fue nombrada al frente del Fondo Nacional de las Artes. Su salida de aquel cargo se precipitó únicamente por el decreto anti-nepotismo que el propio Macri debió firmar para calmar las críticas sociales.

Posteriormente, Roulliet canalizó recursos a través del régimen de mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires para el British Art Centre. Este esquema de beneficios fiscales para empresas que aportan a proyectos culturales ha sido históricamente defendido por Sturzenegger, pero criticado por la oposición como una forma de desviar recursos públicos hacia estructuras conducidas por personas cercanas al poder de turno.

La defensa oficial y el choque con el «relato»

Ante la escalada de las críticas, que incluso provinieron de sectores afines al oficialismo, el canciller Pablo Quirno salió al cruce a través de sus redes sociales. Quirno aseguró que «no hay absolutamente ninguna irregularidad» y argumentó que la Cancillería contrata a la AACI de forma ininterrumpida desde el año 2018.

Según el funcionario, dada la relación familiar de la Directora Ejecutiva con un ministro nacional, se activaron los protocolos de integridad pertinentes, con la intervención de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Oficina Anticorrupción (OA). «Revisaron todo», afirmó el canciller, intentando cerrar una grieta que golpea directamente la línea de flotación del discurso libertario contra los «contratos amañados» y el saqueo del Estado.

Sin embargo, el hecho de que se trate de una contratación directa —evitando la licitación pública— y que la beneficiaria sea la esposa del principal ideólogo del ajuste estatal, deja al descubierto una contradicción ética que la militancia y la oposición no han dejado pasar. En un contexto donde se predica la eficiencia y la reducción del gasto, el millonario contrato reabre un debate clásico de la política argentina sobre el límite entre la gestión profesional y los beneficios del círculo íntimo del poder.