Un proyecto de ley impulsado por legisladores del PRO y La Libertad Avanza busca modificar la Ley de Identidad de Género para que el Estado deje de financiar tratamientos hormonales y cirugías de adecuación de género con fondos públicos. La iniciativa generó un debate intenso al argumentar que estas prestaciones son «decisiones personales» y al proponer restricciones en la promoción de contenidos de género y la exigencia de consentimiento parental para menores.

Una propuesta legislativa presentada por diputados de las bancadas del PRO y La Libertad Avanza (LLA) ha encendido la controversia en el ámbito político y social al proponer cambios sustanciales a la actual Ley de Identidad de Género. El proyecto tiene como objetivo principal que el Estado argentino cese de cubrir económicamente los tratamientos hormonales y las cirugías de adecuación de género, argumentando que se trata de «decisiones personales» que no deberían ser financiadas con fondos públicos.

Esta modificación, de ser aprobada, tendría un impacto directo en el Programa Médico Obligatorio (PMO) y en las obras sociales, que actualmente garantizan estas prestaciones como parte del derecho a la salud integral. Los legisladores promotores de la iniciativa sostienen que la intervención estatal en estas materias desvirtúa el rol del Estado y genera un gasto injustificado.

Más allá de la cuestión financiera, el proyecto también busca imponer limitaciones a la promoción de contenidos relacionados con la diversidad de género por parte de entidades estatales. Asimismo, incorpora nuevas restricciones para menores de edad, exigiendo explícitamente el consentimiento parental para cualquier abordaje o tratamiento vinculado a la adecuación de género. Esta última medida podría generar un fuerte impacto en el acceso a la salud y en los derechos de la niñez y adolescencia trans.

La Ley de Identidad de Género vigente en Argentina, sancionada en 2012, es considerada una de las más avanzadas del mundo en la materia, al reconocer el derecho a la identidad de género autopercibida de las personas y garantizar el acceso a tratamientos médicos sin necesidad de autorización judicial o psiquiátrica. La propuesta de cambio, impulsada por sectores que consideran excesiva la intervención estatal en estas áreas, abre un nuevo frente de debate sobre los alcances de los derechos adquiridos y el rol del Estado en la salud y la educación sexual integral.

Organizaciones de derechos humanos y colectivos LGBTQ+ ya han expresado su preocupación, advirtiendo que la aprobación de este proyecto implicaría un retroceso en los derechos humanos y un aumento de la discriminación hacia las personas trans, especialmente las más jóvenes. Se espera que la discusión en el Congreso sea acalorada y que genere una fuerte movilización por parte de los distintos actores involucrados.