A través de la Resolución 28/2026, el Gobierno nacional dejó sin efecto el régimen de compensaciones económicas que permitía a las empresas recuperar los costos por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados y niños con cáncer. La medida, que se enmarca en la política de desregulación impulsada por la administración de Javier Milei, genera incertidumbre sobre la sostenibilidad del beneficio.

En una medida que promete generar un fuerte debate, el Gobierno nacional oficializó la eliminación del esquema de subsidios que compensaba a las empresas de transporte de larga distancia por los pasajes gratuitos otorgados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados, personas en lista de espera y niños y adolescentes con cáncer. La decisión fue formalizada mediante la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada en el Boletín Oficial.

Hasta el momento, este régimen de compensaciones —vigente desde 2018— funcionaba como un mecanismo de contención financiera para las transportistas, permitiéndoles recuperar parte del costo de los boletos emitidos sin cargo en cumplimiento de las leyes 22.431, 26.928 y 27.674.

La justificación oficial y el cambio de paradigma

Desde el Ministerio de Economía argumentaron que la continuidad de estas compensaciones carecía de sustento bajo el nuevo marco regulatorio impuesto por el Decreto 883/2024. Según el Ejecutivo, la implementación de un sistema basado en la libertad tarifaria, donde las empresas definen libremente precios, recorridos y horarios, modificó la «ecuación económico-financiera» del sector.

En los considerandos de la normativa, el Gobierno sostiene que los operadores ahora tienen la capacidad de «internalizar dentro de su estructura de costos las obligaciones legales inherentes a la actividad». En otras palabras, la administración de Milei considera que el mercado debe absorber este beneficio sin la intervención de fondos estatales que, hasta ahora, garantizaban la viabilidad de la gratuidad.

El riesgo para los usuarios

Si bien la resolución recalca explícitamente que la medida «no afecta el derecho a la gratuidad» previsto en las leyes nacionales y que las empresas siguen obligadas a cumplir con la emisión de pasajes, especialistas advierten sobre el riesgo real de que el beneficio se desvirtúe. Al trasladar la totalidad del costo a las empresas sin subsidios, podría verse afectada la disponibilidad de cupos o la calidad del servicio para los grupos más vulnerables.

Para intentar mitigar las críticas, la Secretaría de Transporte encomendó a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) mantener los procedimientos para garantizar que se emitan los pasajes gratuitos. Sin embargo, queda abierta la incógnita sobre cómo reaccionarán las empresas privadas ante la eliminación de una compensación económica que, durante años, fue el pilar que evitó conflictos entre el Estado, los transportistas y los beneficiarios de este derecho social.