Alejandro Sarubbi Benítez y otros integrantes de Las Fuerzas del Cielo generaron repudio tras plantear medidas de control poblacional.

Una fuerte ola de repudio e indignación se desató en las últimas horas tras la viralización de las declaraciones formuladas por el abogado Alejandro Sarubbi Benítez y otros militantes vinculados al espacio libertario. Durante una emisión del programa «La Trinchera», transmitido por la señal de streaming Carajo, los conductores e invitados lanzaron una serie de polémicas propuestas orientadas a combatir la pobreza en la provincia de Buenos Aires mediante la implementación de severos controles de circulación y medidas de esterilización.

Sarubbi Benítez, conocido además por ser el patrocinante legal del influenciador político Daniel Parisini —alias «Gordo Dan»—, sugirió abiertamente la necesidad de «cercar todo el Conurbano bonaerense», construir un muro perimetral y desplegar fuerzas militares para establecer controles «100% arbitrarios» sobre los ingresos y egresos de los ciudadanos de la zona. En ese mismo contexto, el letrado planteó la esterilización de las mujeres de sectores vulnerables como un método para detener la reproducción de la pobreza en el territorio provincial.

La controversia se profundizó al sumarse la intervención de la militante Kalina Ann, integrante del agrupamiento «Las Fuerzas del Cielo», quien presentó una gráfica con una escala de tonos de piel para argumentar qué sectores de la población deberían someterse de manera prioritaria a las intervenciones de esterilización. La visualización y los comentarios vertidos en la mesa de transmisión provocaron un inmediato impacto en plataformas digitales, donde fragmentos del programa comenzaron a difundirse masivamente.

Las reacciones del arco político opositor, organizaciones de derechos humanos y usuarios de redes sociales no tardaron en manifestarse. Diversos referentes calificaron los dichos como discursos de odio, apología de la discriminación y promoción de prácticas eugenésicas incompatibles con el marco constitucional y las garantías democráticas. Hasta el momento, los involucrados no han emitido aclaraciones oficiales respecto a las repercusiones generadas por la emisión.