El Congreso sancionó la nueva Ley de Modernización Laboral, que introduce cambios en la registración de empleados, modalidades de contratación, régimen de plataformas digitales y reducción de cargas patronales. Los principales puntos de una reforma que redefine el marco del empleo en Argentina.

La sanción de la Ley de Modernización Laboral marca uno de los cambios más profundos en el régimen de empleo de los últimos años en Argentina. La norma modifica artículos centrales de la Ley de Contrato de Trabajo, actualiza regímenes especiales y crea nuevos instrumentos orientados a la formalización laboral y a la simplificación administrativa.

Uno de los ejes principales de la reforma es la centralización del registro laboral. A partir de ahora, los empleadores deberán registrar a sus trabajadores exclusivamente ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, organismo que pasa a ser la autoridad única en materia de registración. La ley establece que esta inscripción será suficiente a todos los efectos legales y prohíbe que otros organismos exijan requisitos adicionales. Además, habilita la digitalización de libros laborales, otorgándoles la misma validez jurídica que los registros en papel.

La reforma también introduce cambios en las modalidades de contratación. Se redefine el contrato a tiempo parcial, permitiendo la realización voluntaria de horas suplementarias dentro de ciertos límites y estableciendo criterios de proporcionalidad en aportes y remuneraciones. Los convenios colectivos podrán fijar cupos máximos de trabajadores bajo esta modalidad y priorizar su pase a jornadas completas.

Otro aspecto relevante es la digitalización de los recibos de sueldo. La normativa dispone que deberán emitirse en formato electrónico a través del sistema que determine la autoridad fiscal, y que las constancias bancarias serán prueba suficiente de pago. Esta medida apunta a reducir la informalidad y agilizar los procesos administrativos.

En paralelo, la ley crea un Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral y establece reducciones en las contribuciones patronales: un punto porcentual para grandes empresas y hasta 2,5 puntos para micro, pequeñas y medianas firmas, con posibilidad de ampliación según reglamentación. El objetivo declarado es fomentar la registración de empleo y aliviar la carga tributaria sobre el sector productivo.

La norma también incorpora un régimen específico para los servicios de movilidad y reparto a través de plataformas tecnológicas. Allí se definen obligaciones tanto para las plataformas como para los prestadores independientes, incluyendo requisitos de inscripción fiscal, medios de pago bancarizados y mecanismos digitales de atención de reclamos. El texto aclara que estos derechos y obligaciones no implican por sí mismos una relación de dependencia laboral.

En materia de extinción del vínculo laboral, se fortalece el uso de fondos específicos para cubrir obligaciones derivadas de despidos, sin que ello limite la responsabilidad integral del empleador. La ley establece períodos mínimos de capitalización y reglas para la utilización de esos recursos.

Finalmente, la reforma introduce ajustes en regímenes especiales, como el trabajo agrario y el personal de casas particulares, y dispone modificaciones tributarias asociadas a la reducción de cargas e incentivos a la inversión.

Con su entrada en vigencia, la Ley de Modernización Laboral abre una nueva etapa en la regulación del empleo, con foco en la digitalización, la simplificación administrativa y la formalización del trabajo. Su implementación concreta dependerá en gran medida de la reglamentación y de la respuesta del mercado laboral en los próximos meses.