Las centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA-T y CTA-A) anunciaron su rechazo total al proyecto de Ley de Modernización Laboral impulsado por el Poder Ejecutivo y lo calificaron como una iniciativa que «ataca derechos fundamentales». En respuesta, ambas centrales sindicales declararon el estado de movilización permanente y convocaron a una jornada de protesta nacional para el próximo 18 de diciembre.

Profundo rechazo sindical a la propuesta del Gobierno

La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA-T), liderada por Hugo Yasky, y la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A), con Hugo Godoy como Secretario General, han emitido un comunicado conjunto en el que expresan su más enérgico rechazo al proyecto de Ley de Modernización Laboral enviado al Senado de la Nación. Las centrales argumentan que, lejos de modernizar, la iniciativa representa un retroceso en materia de derechos laborales, debilitando la protección de los trabajadores y beneficiando principalmente a los grandes grupos empresariales.

Según el análisis de las organizaciones sindicales, el proyecto habría sido «redactado en los estudios de abogados de los grandes grupos empresarios» y se presenta bajo el «pretexto de su verdadero propósito que es precarizar el empleo y desproteger a los trabajadores».

Puntos críticos del proyecto de ley

El comunicado detalla los aspectos del proyecto que consideran más perjudiciales para la clase trabajadora:

• Debilitamiento de derechos fundamentales: La iniciativa apunta a debilitar la presunción de relación laboral, un principio clave para la protección de los trabajadores.

• Promoción del fraude y la precarización: Se critica que el texto facilita el fraude laboral y promueve la «tercerización irresponsable», contribuyendo a la informalidad.

• Salarios dinámicos y vulneración previsional: El proyecto introduciría el concepto de «salarios dinámicos» que, según la CTA, destruyen la estabilidad económica del trabajador. Además, se denuncia que la ley abarataría los despidos, transfiriendo su costo al Estado, y desfinanciando el sistema previsional.

• Ataque a garantías constitucionales: Se señala la vulneración de garantías constitucionales esenciales como las vacaciones y la jornada laboral, buscando «desarticular la acción sindical colectiva».

La CTA-T y la CTA-A advierten que esta «reforma profundiza la informalidad, reducirá el poder adquisitivo y agravará la crisis económica». Para las centrales, se trata de una medida que «prioriza los intereses del gran capital en camino contrario al de un proyecto de país productivo e integrado».

Convocatoria a la movilización nacional

En este contexto de oposición, ambas CTA anunciaron su llamado a la movilización. Convocan a sus afiliados a una protesta masiva el próximo 18 de diciembre, invitando a la Confederación General del Trabajo (CGT), a la Plaza de Mayo y a todas las plazas del país para exigir el retiro del proyecto del Congreso de la Nación.

La acción se enmarca en la declaración de un estado de movilización permanente con el objetivo de defender «el trabajo digno y los derechos laborales», elementos que las centrales consideran fundamentales para la construcción de una «patria más justa, libre y soberana para todas y todos».

Reuniones con bloques legislativos

Previo al anuncio de la movilización, la dirigencia de la CTA mantuvo reuniones con el interbloque de Senadores de Unión por la Patria (UxP), encabezado por José Mayans y Juliana Di Tullio. El propósito de estos encuentros fue «integrar el interbloque» y coordinar esfuerzos para «reducir en rechazo al paquete de leyes». También se confirmaron reuniones previas con el bloque de Diputados de UxP, buscando desarrollar una estrategia legislativa común para bloquear la aprobación de la Ley de Modernización Laboral y otras partes del paquete de reformas.

El llamado a la movilización del 18 de diciembre marca el inicio de un período de alta conflictividad social en rechazo a las medidas propuestas por el Poder Ejecutivo.