El Gobierno de Javier Milei evalúa una profunda reforma del sistema previsional argentino, que incluiría el aumento de la edad jubilatoria a 75 años para los hombres y 70 para las mujeres, así como el retorno de un esquema de capitalización individual similar a las extintas AFJP. La medida, que busca reducir el creciente déficit previsional, genera controversia y preocupación entre los jubilados y especialistas.

El sistema previsional argentino se encuentra en el centro del debate político y económico, con el Gobierno de Javier Milei impulsando una reforma estructural que busca garantizar su sostenibilidad a largo plazo. En este contexto, se barajan diversas medidas, entre las que destacan el aumento de la edad jubilatoria y el regreso de un esquema de jubilaciones privadas.

Según fuentes cercanas al Gobierno, la reforma previsional es una prioridad para la administración de Milei, quien busca reducir el gasto público y cumplir con las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI). En este sentido, se plantea elevar la edad mínima para acceder a la jubilación a 75 años para los hombres y 70 para las mujeres, con un requisito de 40 años de aportes.

Además, se evalúa la implementación de un sistema de capitalización individual, similar al de las extintas AFJP, que permitiría a los trabajadores administrar sus propios fondos de jubilación. Esta medida, que busca fomentar el ahorro y la inversión a largo plazo, genera controversia entre los especialistas, quienes advierten sobre los riesgos de un sistema basado en la volatilidad de los mercados financieros.

La reforma previsional también incluye la eliminación del bono complementario de 70.000 pesos para los jubilados de la mínima, una medida que busca reducir el gasto previsional y que ha generado críticas por parte de los sectores más vulnerables de la sociedad.

La posible reforma previsional ha generado un amplio debate en la sociedad argentina, con voces a favor y en contra de las medidas propuestas. Los defensores de la reforma argumentan que es necesaria para garantizar la sostenibilidad del sistema y reducir el déficit fiscal, mientras que sus detractores advierten sobre los riesgos de un sistema basado en la capitalización individual y el impacto negativo que tendría en los jubilados de menores ingresos.