Repartidores de apps se movilizan contra la reforma laboral y denuncian un retroceso histórico en derechos
Trabajadores de plataformas de delivery se suman a la movilización convocada por la CGT contra la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. Desde el Sindicato Base de Trabajo de Reparto por Aplicación advierten que el proyecto oficial consolida un esquema de precarización extrema y excluye a más de 160 mil repartidores de la Ley de Contrato de Trabajo.
Un sector en expansión que hoy pelea por derechos básicos
Los repartidores de plataformas de delivery volverán a las calles para manifestarse contra la reforma laboral que impulsa el gobierno nacional. El Sindicato Base de Trabajo de Reparto por Aplicación (SiTraRepa) confirmó su participación en la movilización convocada por la CGT, aunque lo hará en una columna independiente, en señal de disconformidad con el alcance de la respuesta del sindicalismo tradicional.
Belén d’Ambrosio, secretaria adjunta del gremio, fue contundente al definir el proyecto oficial: “Milei está impulsando una contrarrevolución laboral. No es una reforma sencilla, es llevar a la clase trabajadora a una situación de peonazgo”.
Las críticas al corazón del proyecto oficial
Según explicó la dirigente sindical, la reforma contiene propuestas que implican un retroceso inédito en derechos laborales conquistados. Entre los puntos más cuestionados se encuentran la posibilidad de pagar salarios en especie —con alquileres o bolsones de comida—, la suspensión de vacaciones por hasta tres años y la eliminación de las indemnizaciones por despido.
“Todo lo que plantea el gobierno es gravísimo”, advirtió d’Ambrosio, quien calificó las condiciones actuales del sector como “esclavitud moderna”.
Jornadas extensas y trabajo a destajo
La realidad cotidiana de los repartidores, según el sindicato, está marcada por jornadas laborales extenuantes. Para alcanzar ingresos básicos, muchos trabajadores deben conectarse a las aplicaciones seis días a la semana entre 8 y 10 horas diarias. En numerosos casos, las jornadas se estiran hasta 16 horas, especialmente cuando la demanda baja y es necesario compensar con más tiempo de conexión.
El sistema de “banco de horas”, que la reforma busca institucionalizar, ya funciona de hecho en el sector, explicó la secretaria adjunta. “No hay horarios fijos ni garantías. Si no hay pedidos, el trabajador debe quedarse más tiempo conectado para llegar a fin de mes”, señaló.
El reclamo central: reconocimiento laboral
El eje del reclamo de SiTraRepa es el reconocimiento de la relación laboral y el ingreso pleno de los repartidores a la Ley de Contrato de Trabajo. “Eso es exactamente lo contrario a lo que quiere el gobierno”, sostuvo d’Ambrosio.
Desde el sindicato afirman que la reforma, lejos de integrar a los trabajadores de plataformas al sistema de derechos laborales, los excluye deliberadamente. “El proyecto de contrarrevolución laboral nos deja afuera”, resumió.
Un crecimiento acelerado sin derechos
Un dato clave que aporta el gremio es la magnitud del sector. Durante la pandemia, entre 2019 y 2020, la cantidad de repartidores de aplicaciones creció un 70%. Hoy se estima que hay más de 160 mil trabajadores en todo el país bajo esta modalidad, sin acceso a vacaciones pagas, aguinaldo, licencias, indemnización ni estabilidad laboral.
El crecimiento del rubro, lejos de traducirse en mejores condiciones, consolidó un esquema de informalidad estructural, advierten desde el sindicato.
Convenios colectivos bajo amenaza
D’Ambrosio también alertó sobre el impacto más amplio de la reforma laboral. “Lo que queremos marcar es la gravedad de que se ataque a los convenios colectivos de trabajo. Esto no es solo un problema de los repartidores, es un antecedente peligroso para toda la clase trabajadora”, afirmó.
En ese marco, justificó la decisión de movilizarse en una columna independiente de la CGT: “Desde el sindicalismo tradicional tendrían que haber impulsado más iniciativas frente a una avanzada de esta magnitud”.
Un marco legal que no reconoce dependencia
La reforma laboral propone establecer un marco normativo específico para regular la actividad de repartidores y conductores de plataformas. Sin embargo, según el texto oficial, estos trabajadores seguirían sin ser considerados empleados en relación de dependencia, pese a que podrían acceder a derechos parciales como un seguro vial.
Para los sindicatos del sector, esta regulación consolida la precarización en lugar de resolverla y legitima un modelo de trabajo sin derechos plenos.
