La CTA Regional y SUTEBA denunciaron agresiones verbales y abuso de autoridad por parte del concejal oficialista contra trabajadores de la educación en las oficinas de ANSES.

En un enérgico comunicado titulado «La violencia institucional no tiene lugar en nuestra democracia», la CTA de las y los Trabajadores (Regional Bahía Blanca – Coronel Rosales – Coronel Dorrego – Monte Hermoso – Villarino) manifestó su repudio ante lo que calificaron como un «vergonzoso episodio de violencia institucional y abuso de autoridad». El hecho, ocurrido el pasado 20 de abril, involucra al presidente del Honorable Concejo Deliberante de Coronel Rosales.

Según la denuncia pública, el funcionario se presentó en las dependencias de ANSES en Punta Alta con la intención de ejercer atribuciones ajenas a su cargo. En ese contexto, habría agredido de forma verbal, utilizando un lenguaje «violento y prepotente», a la Secretaria General de SUTEBA y a la delegación de trabajadores y trabajadoras de la educación que la acompañaba en el marco de un reclamo sindical.

El trasfondo del conflicto sindical

El incidente se produjo mientras los gremios docentes realizaban una movilización hacia la sede local de ANSES para presentar un petitorio en defensa del sistema previsional y el Instituto de Previsión Social (IPS). Las denuncias señalan que el concejal intentó bloquear la entrega de dicha nota formal en las oficinas del organismo nacional.

Desde la Central de Trabajadores advirtieron que no se puede «naturalizar la prepotencia como forma de hacer política». En el texto, destacan el contraste entre la labor de la docencia, que busca reconstruir la convivencia escolar en un contexto social crítico, y el accionar de un representante del pueblo que ejerce violencia.

Demandas de ejemplaridad

La organización gremial reafirmó su respaldo incondicional a los integrantes de SUTEBA en el ejercicio de su actividad sindical y exigió que la dirigencia política local brinde la «ejemplaridad que la sociedad demanda».

Finalmente, el comunicado subraya la responsabilidad del Estado y sus representantes de garantizar el respeto institucional y el derecho a la protesta, concluyendo que tales prácticas resultan «antidemocráticas» y desconectadas de la realidad social actual.