La Mesa Política Sindical de Bahía Blanca manifestó su contundente apoyo a la entidad gremial mercantil tras los recientes operativos judiciales. El colectivo de organizaciones denunció un intento de criminalización de la labor sindical y llamó a defender la vigencia de los derechos laborales consagrados constitucionalmente.

En un comunicado emitido recientemente, la Mesa Política Sindical Bahía Blanca expresó su «más enérgico repudio» ante lo que describen como intentos de criminalizar la actividad sindical en la ciudad. Esta declaración surge específicamente luego de las medidas judiciales y los allanamientos que afectaron a la Asociación Empleados de Comercio de Bahía Blanca (AECBB) y a sus principales dirigentes.

Desde los sectores que integran la Mesa, se advirtió que la intervención de la justicia en estos términos representa un «precedente peligroso» y un ataque directo a los derechos establecidos en el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Los gremios sostienen que el uso de la fuerza pública para abordar conflictos que son de naturaleza estrictamente laboral busca, en última instancia, amedrentar a las organizaciones de trabajadores.

Los puntos centrales del reclamo

El documento difundido por la Mesa Política Sindical se articula sobre dos ejes principales para fundamentar su postura frente a la opinión pública:

• No a la persecución: Se rechaza la judicialización de conflictos laborales, argumentando que el uso de la fuerza para acallar reclamos por salarios o condiciones de trabajo es una práctica que debería estar superada en el sistema democrático.

• Unidad sindical: El comunicado enfatiza que los sindicatos constituyen el último bastión de defensa de la dignidad del trabajador. Bajo la premisa de que «atacar a uno es atacar a todo el movimiento obrero», las organizaciones locales llamaron a fortalecer la unidad gremial en el actual contexto económico.

Llamado al diálogo

Finalmente, las autoridades sindicales instaron tanto a las autoridades correspondientes como a los sectores patronales a retomar el camino del respeto mutuo y el diálogo. Exigieron el cese de las estrategias de «hostigamiento judicial», señalando que estas acciones solo logran profundizar el conflicto social en un escenario financiero ya crítico.

El comunicado concluye con una frase tajante que resume la posición del bloque: «La labor sindical no es un delito. Defender los derechos es justicia». Al mismo tiempo, aclararon su repudio a cualquier acto de violencia que no se encuadre dentro de la normativa legal vigente.