La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) ha obtenido un significativo triunfo judicial en su pulseada con el Gobierno nacional. La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó una medida cautelar que prohíbe al interventor de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) y al Poder Ejecutivo avanzar con cualquier acción que implique el desalojo, restricción o impedimento de ingreso a las sedes sindicales que el gremio comparte con la obra social.

El fallo, emitido el pasado 2 de julio, es un duro revés para la administración del presidente Javier Milei, que en mayo había impulsado el desalojo del gremio de su sede central, en un marcado intento de avanzar sobre la autonomía sindical. La decisión judicial protege específicamente las sedes de UATRE ubicadas en Reconquista 630 y Tucumán 423, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como cualquier otro local sindical que sea propiedad de OSPRERA en todo el país. Esta prohibición se mantendrá en vigor hasta que se dicte una sentencia definitiva en la causa.

Desde la UATRE, celebraron el fallo como una victoria en defensa de la autonomía gremial. Destacaron que esta resolución «reafirma la histórica vinculación entre UATRE y OSPRERA», una convivencia que data de casi tres décadas, y que representa «un freno al intento del Gobierno Nacional de vulnerar la libertad y autonomía sindical garantizadas por la Constitución Nacional».

Este pronunciamiento judicial se suma a otro revés reciente para el Ejecutivo, ya que la misma Cámara había desestimado previamente un intento de intervención directa sobre la conducción del propio gremio. En aquella oportunidad, la justicia consideró que el recurso presentado por el Gobierno presentaba «deficiencias» y carecía de «un relato claro y preciso de todas las circunstancias relevantes del caso» relacionadas con las cuestiones federales que se invocaban.

Desde la cúpula de la UATRE, remarcaron que ambos fallos «refuerzan el compromiso del sindicato con la defensa de los derechos de las trabajadoras y trabajadores rurales» y aseguraron que «seguirán luchando por la justicia social y laboral en todo el país, como un gremio democrático y representativo».