El Sindicato de Empleados de la Ex Caja de Subsidios Familiares Para el Personal de la Industria (SECASFPI) se sumó activamente a la defensa de Vialidad Nacional, acompañando a sus trabajadores y rechazando enérgicamente el intento del Gobierno de disolver el organismo. La movilización contó con la presencia de su secretario general, Carlos Ortega, y otros dirigentes políticos y sindicales, quienes calificaron la medida gubernamental como un «ataque directo a la soberanía nacional y a la seguridad vial de millones de argentinos y argentinas».

Desde la organización sindical, SECASFPI manifestó su repudio a la propuesta oficial, impulsada a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que a su juicio, busca «privatizar las rutas, despedir miles de familias y abandonar más de 40.000 km de infraestructura pública». Esta postura se alinea con la de otros gremios, como la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), que también han expresado su profunda preocupación por el futuro del organismo.

«Esta medida no es un simple ajuste administrativo», afirmó SECASFPI en su comunicado, subrayando la trascendencia de Vialidad Nacional como una institución «histórica y fundamental para nuestro país». El sindicato enfatiza que el organismo «garantiza la conectividad, el desarrollo productivo y la planificación estratégica del Estado».

El desmantelamiento de Vialidad, advierten, significaría «condenar a las provincias y a las comunidades más alejadas al abandono y a pagar por transitar caminos que siempre fueron públicos». La preocupación radica en que el vaciamiento de esta entidad esencial podría generar graves consecuencias en la infraestructura vial del país, impactando directamente en la seguridad de los ciudadanos y en la logística productiva.

Carlos Ortega y los representantes de SECASFPI expresaron su «solidaridad con quienes día a día sostienen con su trabajo las rutas de todo el país», en un claro respaldo a los empleados de Vialidad Nacional que se encuentran en estado de incertidumbre laboral.

El mensaje final de la organización sindical fue contundente: «Vialidad es de todos. No al cierre. No a la entrega», consolidando el mensaje de resistencia frente a la política gubernamental que busca reconfigurar el rol del Estado en áreas clave como la infraestructura.