Representantes del espacio político LLA y referentes conservadores cuestionan la ley vigente y proponen eliminar la interrupción legal del embarazo incluso ante casos de violación.

Una nueva polémica política y social se encendió en el país a partir de una serie de pronunciamientos públicos realizados por referentes vinculados a La Libertad Avanza (LLA) y sectores conservadores, quienes volvieron a poner sobre la mesa de discusión la vigencia de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). En esta oportunidad, la propuesta impulsada busca avanzar un paso más allá de las iniciativas anteriores, al sostener que la práctica del aborto no debería estar permitida bajo ninguna circunstancia, anulando de manera explícita la causal de violación que se encuentra contemplada en la legislación argentina desde hace más de un siglo.

La controversia cobró mayor volumen tras las declaraciones vertidas por la influencer y posible candidata política de LLA para los comicios de 2027, Eliana Cere. A través de sus canales de comunicación, resumió la postura del espacio con la consigna «Matar a tu hijo no te desviola», frase que generó una inmediata oleada de repercusiones y un enérgico rechazo por parte de organizaciones feministas, colectivos de derechos humanos y defensores de la norma actual. Frente a las críticas que tildaron sus expresiones de «insensibles» y «crueles» hacia las víctimas de violencia sexual, la dirigente profundizó su argumento al señalar que «un delito no se tapa con otro delito» y añadir que «que alguien cometa un delito contra una persona no da derecho a que vos puedas cometer un delito contra otra».

En la misma línea doctrinal se manifestó Agustín Laje, politólogo y director de la Fundación Faro, quien coincidió en la necesidad de revisar íntegramente la normativa de salud reproductiva. Desde su perspectiva, la problemática derivada de una agresión sexual no se resuelve mediante la interrupción de la gestación, por lo que instó a que el Estado concentre sus esfuerzos institucionales en la persecución y castigo efectivo de los agresores, así como en la agilización de los mecanismos de adopción. Asimismo, el referente ideológico sostuvo la controvertida hipótesis de que la legalización del aborto en estos supuestos «beneficia curiosamente a los violadores», argumentando que la práctica médica elimina la principal prueba biológica del delito cometido.

La reaparición de esta iniciativa reaviva un álgido enfrentamiento ideológico en torno a la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, sancionada por el Congreso Nacional en diciembre de 2020. Hasta dicha aprobación, el Código Penal argentino permitía desde 1921 la interrupción legal en causales específicas, entre ellas cuando la gestación era producto de un abuso sexual —criterio ratificado y delimitado por la Corte Suprema de Justicia en el histórico fallo FAL en 2012—. Por este motivo, el planteo libertario de eliminar incluso estas excepciones históricas reabre una profunda fractura en la agenda pública nacional sobre los derechos reproductivos y la función garantista del Estado.