El dirigente nacional del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, Gabriel Solano, y la actual diputada porteña Vanina Biasi manifestaron un enérgico rechazo a las embestidas políticas y mediáticas contra la jueza Laura Beatriz De Marinis. La magistrada quedó en la mira del oficialismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tras declarar la inconstitucionalidad de la aplicación de la denominada ley penal juvenil en un caso específico, norma que fija la punibilidad a partir de los 14 años en la jurisdicción porteña.

Al respecto, la legisladora Vanina Biasi denunció que desde la Legislatura porteña existe un intento directo por perseguir a la jueza mediante la amenaza de impulsar un juicio político, acción encabezada tanto por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, como por la legisladora mileísta Pilar Ramírez. Biasi cuestionó con dureza las expresiones de Macri, quien habló de sentencias «manchadas con sangre», y afirmó que sectores con alto poder económico recurren a tomar como rehén a un adolescente en situación de extrema vulnerabilidad para estructurar campañas políticas de tinte reaccionario que buscan tapar sus fallos de gestión. Asimismo, desmintió que exista un índice alarmante de criminalidad entre jóvenes de 14 años en la Ciudad.

En su pronunciamiento, la diputada del Frente de Izquierda citó los argumentos de la jueza De Marinis, quien sostuvo en su fallo que ante trayectorias marcadas por la vulneración de derechos, la respuesta estatal prioritaria debe ser la educación, contención y salud antes que el abordaje penal. En esa línea, Biasi apuntó contra el Ejecutivo de la Ciudad y el Gobierno nacional al remarcar que le quitan a los chicos de las villas clases de música, recortan en 3.000 millones de pesos las viandas escolares y suprimen tratamientos a adolescentes con discapacidad. A su vez, advirtió sobre la intención de incrementar la población carcelaria sin destinar presupuesto para adaptar el sistema, convirtiendo a las instituciones en depósitos de deshumanización.

Por su parte, Gabriel Solano defendió el fallo de De Marinis al calificarlo como una resolución plenamente razonable. Solano explicó que la decisión judicial determinó que un joven de 14 años en estado de vulnerabilidad social no sea enviado a prisión por un intento de robo donde la víctima no sufrió lesiones físicas, fijando en su lugar un tratamiento estatal específico volcado a su socialización. Para sostener dicha medida, la jueza declaró, únicamente para ese expediente, la inconstitucionalidad de un artículo de la Ley 27.801.

Solano recordó además que el control de constitucionalidad representa una facultad propia y legítima de los jueces. Cuestionó la doble vara de dirigentes como Jorge Macri que exigen obediencia estricta a la ley por parte de los magistrados, pero no aplican el mismo criterio ante el incumplimiento del gobierno de Javier Milei respecto a leyes aprobadas por el Congreso que amparan la emergencia pediátrica, las universidades y los derechos de personas con discapacidad. Finalmente, el referente del PO enfatizó que estos ataques responden a una especulación electoral de cara a los comicios y ratificó que la bancada del Frente de Izquierda no votará ningún pedido de juicio político.