Un proyecto de la concejal libertaria Valeria Rodríguez que busca implementar evaluaciones de competencias generó un fuerte contrapunto con Miguel Agüero, secretario general del Sindicato de Empleados Municipales, reavivando la discusión sobre la transparencia y los «privilegios» en la administración pública local.

La administración pública municipal de Bahía Blanca se encuentra en el centro de un acalorado debate, tras la presentación de un proyecto de ordenanza por parte de la concejal Valeria Rodríguez, representante del espacio libertario. La iniciativa propone establecer una «evaluación de conocimientos y competencias» como requisito fundamental para el ingreso a la planta municipal, buscando priorizar la idoneidad y la meritocracia.

La propuesta desató un fuerte contrapunto en el aire de La Brújula 24 entre la concejal Rodríguez y Miguel Agüero, secretario general del Sindicato de Empleados Municipales. El eje de la discusión fue la transparencia en el acceso a los cargos y una polémica cláusula que, según los críticos, otorga prioridad a familiares de empleados fallecidos para ocupar vacantes.

Valeria Rodríguez defendió su proyecto argumentando que el objetivo es institucionalizar un sistema que garantice que «quienes cubran un puesto lo hagan por mérito», desvinculándolo del convenio colectivo actual. «Entendemos que esa prioridad [para familiares] debe dejar de existir», afirmó la concejal, subrayando que la iniciativa excede lo político y responde a una necesidad de modernizar la gestión municipal. En un mensaje publicado en sus redes, Rodríguez enfatizó: «Ingreso a la administración pública SIN PRIVILEGIOS. Presentamos un proyecto para implementar la ‘Evaluación de Conocimientos y Competencias’ en el ámbito municipal como se hizo a nivel nacional: la idoneidad como vara».

Por su parte, Miguel Agüero reaccionó con firmeza, señalando que la propuesta ignora la legislación nacional y los convenios colectivos vigentes. «Todo eso ya está en la ley. Lo que falta es voluntad política», acusó el sindicalista, quien además criticó que Rodríguez no hubiera planteado este punto en reuniones previas. Agüero defendió el artículo cuestionado, explicando que es parte de un marco legal amplio, incluso basado en convenios internacionales de la OIT, y que «desde 2011 entraron 16 personas por esa vía».

La concejal Rodríguez replicó que su bloque no acompañó la última actualización del convenio precisamente por el artículo vinculado a la «herencia de cargos». “No se trata de caerle a nadie, pero no podemos seguir tolerando mecanismos que perpetúan privilegios”, sostuvo. También mencionó que, si bien los cargos electivos se definen por el voto popular, deberían guiarse por criterios de idoneidad.

Agüero concluyó con una crítica a lo que consideró una maniobra política para «confundir a la sociedad y poner al trabajador como culpable». Para el sindicalista, no es necesaria una nueva ordenanza, sino «voluntad política y concursos abiertos». El picante cruce dejó en evidencia una creciente brecha entre la gestión política libertaria y el sindicalismo municipal en Bahía Blanca.