El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), responsable de la condena contra la expresidenta Cristina Kirchner, se encuentra en el centro de la controversia al analizar un posible endurecimiento de las condiciones de su detención, llegando incluso a considerar la negación de la prisión domiciliaria. La decisión, que podría sentar un precedente significativo, se espera para el próximo miércoles.

La ejecución de la pena de Cristina Kirchner está a cargo del juez Jorge Gorini, presidente del TOF 2, quien, pese a haber anunciado una licencia, decidió postergarla para abordar la situación de la actual presidenta del Partido Justicialista. Fuentes cercanas a los tribunales de Comodoro Py han señalado que las medidas en discusión cuentan con el acuerdo de los otros integrantes del tribunal, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Este consenso entre los magistrados agrega peso a la inminente resolución.

Un factor relevante en este contexto es la compleja relación entre los tres integrantes del Tribunal y el kirchnerismo. Se ha señalado que los jueces arrastran rencores de larga data, acusando al kirchnerismo de haberlos espiado ilegalmente y de filtrar datos personales, entre otras presiones. Este historial de conflictos podría influir en la rigurosidad de las decisiones que se tomen respecto a la exmandataria.

En las últimas horas, ha cobrado fuerza el rumor sobre la posibilidad de que le sea negada la prisión domiciliaria a Cristina Kirchner en su departamento del barrio de Constitución, donde actualmente se mantiene una vigilia de militantes en apoyo a la expresidenta. Ante esta situación, Cristina Kirchner pareció anticiparse, realizando un extenso posteo este mismo viernes por la mañana, en el que argumentaba que la aceptación de su casa como lugar de detención «no se trata de un privilegio», sino que «obedece a estrictas razones de seguridad personal». Este pronunciamiento público subraya la tensión en torno a su situación legal.

Aunque fuentes de Comodoro Py no descartan la negación de la domiciliaria, la hipótesis más fuerte que se maneja es un endurecimiento de las condiciones de prisión para la presidenta del Partido Justicialista. No obstante, cabe destacar que el beneficio de la prisión domiciliaria, de ser otorgado, podría ser revertido en cualquier momento por el TOF 2, lo que mantendría a la expresidenta en un estado de incertidumbre constante respecto a su situación.

Entre las medidas que se analizan para endurecer las condiciones de su detención se mencionan restricciones significativas. Se contempla la prohibición del uso de redes sociales, un control sumamente estricto sobre las visitas que pueda recibir, y la limitación de su aparición pública, impidiendo incluso que salga al balcón de su residencia para dar discursos. Estas restricciones, si se concretan, estarían orientadas a evitar que la esquina de San José y Humberto Primo, donde se ubica su domicilio, se convierta en un bastión de militancia y convocatoria política, lo que algunos han denominado una «Guardia de Hierro».

La implementación de estas medidas representaría un argumento muy sólido para quienes denuncian una persecución política contra la expresidenta, reforzando la narrativa de un intento por limitar su influencia y capacidad de expresión.

Las medidas que el Tribunal considera están en sintonía con el pedido de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes han mantenido una postura muy dura contra la expresidenta, llegando a reclamar su detención inmediata.

Además de esta situación, Cristina Kirchner aún espera en prisión el desarrollo de otros tres juicios importantes: el caso Hotesur-Los Sauces, la causa de los Cuadernos y el memorándum con Irán. De estos, solo el juicio por la causa de los Cuadernos tiene fecha de comienzo definida para el próximo 6 de noviembre. Se prevé que en un futuro cercano se establezca la fecha de inicio del proceso relacionado con el memorándum, mientras que el caso Hotesur-Los Sauces quedará para más adelante en el calendario judicial.