Mediante tres decretos firmados el 16 de enero, el gobierno municipal de Villarino volvió a contratar a la Cooperativa de Trabajo Taller Uno para realizar funciones permanentes del Estado. Los contratos superan los $93 millones mensuales y se extienden hasta 2026, sin información pública sobre salarios ni condiciones laborales de los trabajadores.

El Municipio de Villarino volvió a recurrir a un esquema de tercerización de tareas municipales que genera cuestionamientos por sus implicancias laborales, económicas y políticas. A través de tres decretos firmados el pasado 16 de enero, el gobierno local dispuso nuevamente la contratación de la Cooperativa de Trabajo Taller Uno para la realización de funciones permanentes y esenciales del Estado municipal.

Entre las tareas asignadas se encuentran la limpieza urbana y hospitalaria, el desmalezado, la recolección y tratamiento de residuos, así como la cocina en hospitales y Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS). Se trata de actividades estructurales que forman parte del funcionamiento cotidiano del Municipio y que históricamente fueron realizadas por personal municipal.

Para justificar esta modalidad, el Ejecutivo sostiene la existencia de una “falta de personal”. Sin embargo, en paralelo a ese argumento, no se registran señales de reducción en cargos políticos, asesores, funcionarios ni pluses salariales, lo que refuerza las críticas sobre un ajuste que recae exclusivamente sobre quienes trabajan.

Los decretos establecen contratos que superan los $93 millones mensuales, con vigencia hasta el año 2026 y cláusulas de actualización por índice de precios al consumidor (IPC). No obstante, en la documentación oficial no se detalla cuántos trabajadores participan, cuánto percibe cada uno ni cuáles son sus condiciones laborales, lo que limita el control público y la transparencia del gasto.

Según datos extraoficiales, los ingresos individuales rondarían los $200.000 mensuales, una cifra que contrasta de manera significativa con los montos transferidos por el Municipio a la cooperativa. Este desfasaje alimenta interrogantes sobre el destino de los fondos públicos y la distribución real de los recursos.

El uso de cooperativas de trabajo para cubrir funciones permanentes permite, en la práctica, evitar nombramientos en planta, eludir aportes previsionales y de salud, y negar derechos laborales básicos como estabilidad, licencias, aguinaldo y representación sindical. Además, este modelo habilita el uso del acceso al trabajo como herramienta de disciplinamiento político, al depender la continuidad laboral de decisiones administrativas.

Villarino cuenta con antecedentes recientes en esta materia. El caso de la cooperativa Ave Fénix, cuyo presidente enfrenta una causa judicial vinculada a CORFO y se encuentra a la espera de sentencia, vuelve a poner en debate la falta de controles y la repetición de mecanismos que ya generaron conflictos y denuncias. Cambian los nombres de las cooperativas, pero el esquema se mantiene.

Este sistema también impacta negativamente sobre la planta municipal, donde trabajadores temporarios continúan sin pase a planta permanente, con salarios deteriorados y sin previsibilidad, mientras se tercerizan tareas que podrían ser cubiertas con empleo público formal.

Tras más de once años de gestión, el gobierno municipal no logró generar empleo genuino y estable en el distrito. En lugar de promover trabajo registrado y con derechos, se profundiza un modelo de ocupación precaria, financiado con fondos públicos, que reproduce desigualdad, dependencia y fragilidad laboral.