La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha generado controversia al impulsar el traslado de 19 genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad desde la cárcel de Ezeiza a la Unidad 34 de Campo de Mayo. Organismos de derechos humanos han denunciado esta medida, calificando a la Unidad 34 como un «resort para genocidas» debido a las presuntas comodidades y privilegios que ofrece a los internos.  

Una decisión tomada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha desatado una fuerte polémica y el rechazo de organismos de derechos humanos. La ministra ha ordenado el traslado de 19 genocidas, condenados por crímenes de lesa humanidad, desde la prisión de Ezeiza a la Unidad 34 de Campo de Mayo.

Esta medida ha sido duramente criticada por diversas organizaciones de derechos humanos, quienes denuncian que la Unidad 34 de Campo de Mayo funciona como un «resort para genocidas», ofreciendo a los internos condiciones de detención privilegiadas y alejadas de las que enfrentan otros presos.  

Entre los represores que serían trasladados a Campo de Mayo se encuentran figuras tristemente célebres como Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo, Rodolfo Cionchi, Alberto González, Carlos Guillermo Suárez Mason, Adolfo Miguel Donda, Jorge Radice, Antonio Pernías y Luis Navarro, entre otros.  

Desde el Ministerio de Seguridad, se ha respondido a las críticas argumentando que la Unidad 34 cuenta con todas las comodidades necesarias para albergar a los internos. Además, se ha informado que se trasladará también al personal de celadores que los atendía en Ezeiza, y se ha destacado la proximidad del Hospital Militar de Campo de Mayo como un factor favorable.

Sin embargo, las denuncias de los organismos de derechos humanos señalan que la Unidad 34 ofrece comodidades que exceden lo necesario para una detención digna. Entre ellas, se mencionan canchas de tenis, pistas para caminatas, huertas y un gimnasio con aparatos. Asimismo, se ha informado que los internos cuentan con una heladera cada dos personas y que varios de ellos tienen televisores en sus habitaciones.

Esta situación ha generado indignación y preocupación entre los defensores de los derechos humanos, quienes consideran que estas condiciones de detención privilegiadas representan una falta de respeto a las víctimas del terrorismo de Estado y una afrenta a la memoria histórica.

La decisión de la ministra Bullrich ha reabierto el debate sobre las condiciones de detención de los represores condenados por crímenes de lesa humanidad, y ha generado un fuerte rechazo por parte de organizaciones sociales y políticas que exigen justicia y memoria.