En una jugada de extrema gravedad y soberanía en juego, el gobierno argentino ha puesto sobre la mesa sus activos más estratégicos, la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA) y yacimientos clave en Vaca Muerta, como garantía para acceder a un Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro de Estados Unidos. La exigencia, que según fuentes exclusivas de CPO News y otros medios como Clarín e Infobae, provendría directamente del entorno de Donald Trump, no solo hipoteca el futuro energético del país, sino que también implica la cancelación de la construcción de la cuarta central nuclear, Atucha III, que iba a realizarse con capital chino.

La propuesta, calificada como «arriesgada» por un integrante del Ministerio de Economía, y bajo el lema «todo está sobre la mesa», fue impulsada por el equipo del ministro Luis Caputo ante la desesperante escasez de reservas. La cesión del 49% de las acciones de Nucleoeléctrica Argentina a un consorcio de empresas estadounidenses no es una transacción cualquiera. Implica la entrega del control de una compañía estratégica que gestiona la energía nuclear del país, y que, según el propio titular de NA-SA, Demian Reidel, posee «cuantiosas reservas» de uranio, un recurso de interés vital para Estados Unidos. Este movimiento, además de ser una claudicación ante presiones externas, representa un cambio radical en la política de desarrollo nuclear argentina, históricamente autónoma.

Pero la lista de exigencias no termina allí. La administración argentina también habría ofrecido poner en garantía yacimientos hidrocarburíferos en Vaca Muerta, la joya de la corona energética del país, que representa una de las mayores reservas de petróleo y gas no convencional del mundo. La entrega de estos activos estratégicos, que son pilares de la soberanía económica y el desarrollo a largo plazo, genera alarma y un fuerte debate sobre la verdadera magnitud de la crisis financiera y las concesiones que el gobierno está dispuesto a realizar para obtener liquidez.

La consecuencia geopolítica de este acuerdo es igualmente alarmante. La venta de acciones de NA-SA busca explícitamente bloquear la construcción de Atucha III, el proyecto de 8.000 millones de dólares que se iba a llevar adelante con China. Esta medida no solo dinamita un acuerdo ya establecido con una potencia mundial, sino que también profundiza el alineamiento incondicional de Argentina con Washington, poniendo en riesgo la diversificación de sus relaciones internacionales y su posición en el tablero global.

El ofrecimiento de bienes tan sensibles y estratégicos a un poder extranjero, bajo la presión de la escasez de reservas, despierta serias dudas sobre la capacidad del gobierno para proteger los intereses nacionales. La soberanía energética y la independencia tecnológica están en juego, y la población exige transparencia y un debate profundo sobre las consecuencias de estas decisiones.