El diputado Christián Castillo (FIT-U) encabezó un encuentro con familiares de los afectados por la droga adulterada. La iniciativa propone una pensión vitalicia, cobertura médica integral y la creación de un registro provincial para asistir a quienes sufrieron secuelas graves o perdieron a sus seres queridos.

La Legislatura de la provincia de Buenos Aires fue escenario este martes de un emotivo encuentro entre el diputado del Frente de Izquierda – Unidad (FIT-U), Christián “Chipi” Castillo, y familiares de víctimas del fentanilo contaminado. La reunión tuvo como eje central el apoyo al proyecto de ley recientemente ingresado que busca establecer una pensión mensual, vitalicia y reparatoria para los damnificados por este «crimen social».

Castillo, legislador por la Tercera Sección, fundamentó la urgencia de la medida señalando que el Estado provincial posee un deber concreto de reparación ante las consecuencias desgarradoras que sufrieron cientos de familias. «La reparación debe ser integral, ya que las consecuencias no se agotan en el daño físico inmediato, sino que se proyectan sobre la salud mental y la situación económica de los sobrevivientes», remarcó el diputado.

Alcances de la pensión y beneficiarios

El proyecto no solo contempla a quienes padecieron daños graves o secuelas permanentes en su salud, sino que establece un esquema de transferencia del beneficio en caso de fallecimiento de la víctima directa. Según el texto de la iniciativa, la pensión podrá ser percibida por:

• Cónyuges o convivientes.

• Hijos hasta alcanzar la mayoría de edad.

• Hijos con discapacidad o incapacitados para trabajar de forma permanente.

• Padres o tutores que acrediten una relación de dependencia económica con el fallecido.

Además del aspecto monetario, el proyecto garantiza la cobertura médico-asistencial y el acceso a un acompañamiento interdisciplinario integral para familiares y sobrevivientes, buscando mitigar el impacto en los procesos de rehabilitación y la vida cotidiana.

«Una caricia simbólica»

Durante la jornada, los familiares compartieron sus testimonios y agradecieron la visibilización de la problemática. Alejandro Ayala, hermano de Leonel Ayala —quien perdió la vida tras consumir la sustancia adulterada—, calificó a la propuesta como «una caricia simbólica». Si bien reconoció que el dinero no sana el dolor de la pérdida, destacó su importancia para las familias que atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad económica tras el hecho.

Finalmente, la iniciativa propone la creación de un Registro Provincial de Víctimas y Familiares de Víctimas de Fentanilo Contaminado. Esta herramienta tiene como objetivo evitar la invisibilización del daño, centralizar la información pública y facilitar que el Estado releve activamente a los afectados para garantizar el acceso efectivo a sus derechos