La disputa judicial internacional por la expropiación de YPF ha vuelto a sacudir el panorama político y económico argentino. Tras el reciente fallo de la jueza Loretta Preska, que ordenó la entrega del 51% del paquete accionario de la compañía a los fondos demandantes, el presidente de la petrolera, Horacio Marín, se pronunció públicamente, buscando desvincular a la empresa de la responsabilidad directa por la condena.

Durante una aparición en el streaming de Neura, Marín marcó distancia del juicio que involucra al Estado argentino. «La jueza falló a favor de YPF y en contra de la República», afirmó Marín, una frase que generó sorpresa en el ámbito público. El titular de YPF evitó profundizar en los detalles del fallo, enfatizando su rol como ejecutivo: «Yo soy ejecutivo, empleado de YPF, y Burford hizo un juicio a YPF y al Estado Nacional. La jueza falló a favor de YPF. No puedo opinar”.

Las declaraciones de Marín buscaron enfocar la atención en el futuro de la compañía, confirmando que esta semana se espera concretar una inversión privada crucial para el desarrollo del Oleoducto Vaca Muerta Sur. “Estamos haciendo la obra más grande que se haya hecho en Argentina, de US$3.000 millones. Lo vamos a hacer y va a haber financiamiento”, aseguró, buscando transmitir la idea de que YPF mantiene su operatividad y planes de inversión ajenos a la sentencia judicial. No obstante, el impacto reputacional y, principalmente, jurídico, recae de lleno sobre el Estado Nacional.

Reacción Gubernamental: Milei Culpa al Kirchnerismo y Anuncia Apelación

La respuesta del Gobierno nacional no se hizo esperar. El presidente Javier Milei, a través de su cuenta de X, cargó duramente contra la gestión de Axel Kicillof, a quien responsabilizó directamente por la situación que llevó a la condena. «Al margen de la imbecilidad de Kicillof y todos los que nos gobernaron antes, sepan todos los argentinos que vamos a apelar este fallo en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales”, sentenció el mandatario.

Por su parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, ofreció más detalles sobre la estrategia legal del Gobierno. Informó que la Casa Rosada ya «solicitó la suspensión del fallo» y que se encuentran trabajando en la apelación ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York. Adorni calificó la sentencia como “jurídicamente inaplicable”, argumentando que contradice la Ley 26.741, que exige autorización del Congreso para la transferencia de acciones de YPF, y que desconoce la inmunidad soberana del Estado argentino.

El vocero explicó que, en la práctica, las acciones de YPF no están actualmente en manos del Estado de forma que sean «legalmente transferibles», por lo que el fallo «carece de efecto práctico» hasta que haya una «decisión firme en segunda instancia». La defensa legal argentina se prepara para una batalla prolongada en los tribunales estadounidenses, en un caso que reaviva el debate sobre las consecuencias de las decisiones de política energética del pasado.