Tras presentarse este miércoles en los tribunales federales de Comodoro Py para defender la legalidad del“protocolo antipiquetes”, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich aseguró que la cartera recibió más de 5.200 denuncias contra dirigentes sociales por aprietes y extorsiones y aseguró que avanzará en medidas judiciales contra los intermediarios de los beneficios estatales.

En ese sentido, Bullrich junto a su par de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunciaron a través de una conferencia de prensa que el Ejecutivo nacional propondrá “penas más duras” para los intermedios de planes sociales que incurran en el delito de fraude.

Según indicó la titular de la cartera de Seguridad, de las 5.214 denuncias que recibió la nueva línea telefónica para que se denuncien las presiones a beneficiarios de planes sociales, “1.159 se refieren a ‘te quito el plan si no vas a la movilización, si no hacés lo que te digo”, mientras que 4.055 denuncias “refieren a extorsiones”

“Los que manejan la política social se creen que tienen poder sobre los que cobran las prestaciones. Son gerentes de la explotación total y absoluta del ser humano utilizando su condición de vulnerabilidad”, enfatizó Bullrich.

Asimismo, la ministra de Seguridad enfatizó que el intermediario de los planes sociales retenía las tarjetas, obligaba a las víctimas a asistir a marchas con fines políticos, y sustraía parte del dinero suministrado por el Gobierno; y actualmente se encuentra detenido. Entre los apuntados está Jorge Florencio Bregui, referente de la Corriente Clasista y Combativa de Chaco.

Con relación a esto, en la conferencia también estuvieron el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, y su ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, quienes detallaron que la red de intermediarios que funcionaba en la provincia estaba “comandada por un dirigente piquetero que prostituía mujeres a cambio de otorgar y administrar sus planes sociales”.

Por su parte, Cúnea Libarona sostuvo que propondrán al Poder Judicial la promoción de “nuevos delitos” para aquellos punteros políticos que extorsionen con los planes sociales, tras lo cual anticipó que la idea es crear una “súper fiscalía de anti corrupción” con una Policía especializada.

Anteriormente, Bullrich participó de una audiencia judicial, citada por el juez federal Sebastián Casanello, luego de que la legisladora porteña del Frente de Izquierda, Celeste Fierro, pidiera suspender el protocolo antipiquete por considerarlo inconstitucional.

Es que, el magistrado dispuso la audiencia entre Bullrich y Fierro a raíz de la apelación a la medida cautelar que exhorta al Ministerio de Seguridad a adecuar la actuación de las fuerzas federales a los límites constitucionales y al estándar marcado el mes pasado por los Relatores Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

La observación general que citó Casanello reconoce la “reunión pacífica” como un “derecho humano fundamental”, por lo que consideró que “sólo en casos excepcionales, precisamente, cuando ya no es pacífica o si hay indicios claros de una amenaza inminente de violencia, se puede dispersar una reunión”.