La diputada nacional acusó al Gobierno de utilizar un fideicomiso vial para direccionar fondos a gobernadores en fechas clave de debates legislativos

La diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Marcela Pagano, presentó una grave denuncia pública al sostener que el Gobierno nacional encabezado por Javier Milei utiliza un mecanismo paraestatal con el fin de direccionar partidas presupuestarias a las provincias a cambio de votos en el Congreso de la Nación.

En declaraciones a Radio Provincia AM1270, la legisladora detalló que el esquema se sustenta sobre un fideicomiso vial creado por ley en el año 2001. Dicho fondo se financia mediante un porcentaje fijo aplicado de manera automática a cada consumo de combustible realizado en las estaciones de servicio de todo el país, teniendo como destino original la ejecución y mantenimiento de obras de infraestructura vial.

De acuerdo con Pagano, la investigación se inició a partir de un hallazgo previo de la diputada Victoria Tolosa Paz, quien detectó que las tres cuartas partes del dinero de ese fideicomiso eran postergadas de forma sistemática por el Poder Ejecutivo para especular con los rendimientos financieros de los intereses y maquillar las cifras del déficit fiscal. A partir de ese dato, Pagano profundizó el análisis sobre el destino del cuarto restante de los fondos administrados.

El cruce de fechas y las sesiones en el Parlamento

Al cruzar la información de las transferencias emitidas desde el Banco Nación hacia las distintas jurisdicciones provinciales, la diputada bonaerense aseguró haber encontrado un patrón cronológico directo entre los giros de dinero y el calendario legislativo. Según su denuncia, las fechas de los desembolsos a las direcciones de vialidad provinciales coincidieron exactamente con jornadas de votaciones decisivas para el oficialismo: 48 horas antes, 48 horas después o el mismo día de las sesiones.

Pagano argumentó que durante los primeros seis meses de la gestión gubernamental el flujo de estos fondos permaneció paralizado, lo que coincidió con el período en que el Poder Ejecutivo no lograba aprobar iniciativas en el Congreso. La reactivación de los pagos se registró en julio de 2024, momento en que el Senado de la Nación dio tratamiento definitivo a la Ley Bases. En esa oportunidad, los votos de los bloques aliados permitieron la sanción de la norma tras la transferencia directa de recursos a los gobernadores provinciales.

Críticas a la gestión y distancia del proyecto oficialista

En su análisis político, la legisladora explicó que el Poder Ejecutivo evita utilizar las partidas del Tesoro Nacional para estos giros debido a que eso dejaría en evidencia su debilidad parlamentaria y la necesidad de negociar recursos a cambio de voluntades legislativas.

Por último, Pagano calificó el manejo de los recursos públicos como «un manoteo de borrachos» e hizo hincapié en la falta de resguardos institucionales del procedimiento. Asimismo, expresó su profunda desilusión con la conducción política del espacio al señalar que el proyecto que originalmente militó se desvirtuó rápidamente al adoptar las mismas metodologías y prácticas discrecionales que la gestión actual prometió combatir durante la campaña electoral.