Un informe revela el deterioro del poder adquisitivo, los recortes en el empleo público y las desigualdades en la carga tributaria

El panorama económico para las familias argentinas refleja un desfasaje estructural entre el costo de vida y los ingresos mensuales. Según el Monitor de Opinión Pública elaborado por la consultora Zentrix, el 61% de los encuestados afirmó que sus ingresos disponibles para gastos corrientes alcanzan, como máximo, hasta el día 20 de cada mes. En tanto, un 24,3% logra completar el mes sin capacidad de ahorro, mientras que solo el 13% de los hogares manifiesta cubrir sus obligaciones y guardar dinero.

La percepción de pérdida frente al proceso inflacionario es transversal a la sociedad: el 86,1% de los consultados considera que su salario pierde poder de compra. Esta visión es compartida tanto por votantes del oficialismo (70,2%) como por simpatizantes de la oposición (96,6%), evidenciando una preocupación generalizada más allá de las identidades políticas.

La brecha entre los índices oficiales y la realidad salarial

Aunque la inflación muestra un ritmo de desaceleración —el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC registró en mayo de 2026 un 2,1% mensual y un 33,2% interanual—, la recuperación del salario formal resulta desigual. Durante ese mismo mes, el índice general de salarios avanzó un 2,2%, empujado principalmente por el sector privado no registrado (+3,5%).

Sin embargo, los sectores formales quedaron rezagados frente a la inflación mensual de mayo:

• Sector privado registrado: Incremento del 2% (una décima por debajo del IPC).

• Sector público: Suba promedio del 1,5% (1,9% en el ámbito nacional y 1,4% en las provincias).

El acumulado interanual refuerza esta tendencia de pérdida real. Frente a un costo de vida que aumentó un 33,2% entre mayo de 2025 y mayo de 2026, los salarios privados registrados subieron un 29,3% y los públicos un 27,4% (con subas del 23,5% en la Nación y 29% en provincias). Esto se traduce en una caída del poder de compra estimada en 2,9% para privados registrados, 4,4% para el consolidado público, 7,3% para empleados nacionales y 3,2% para provinciales.

El ajuste en la dotación del empleo estatal

A la par de la contracción salarial en el sector público, la estructura del Estado atravesó una reducción significativa. De acuerdo con datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la dotación del Sector Público Nacional se redujo en 71.661 puestos entre diciembre de 2023 y junio de 2026, lo que representa una baja del 21% del personal total.

Las mayores desvinculaciones en empresas y sociedades estatales se concentraron en Correo Argentino (-5.578), Operadora Ferroviaria (-4.208), Banco Nación (-2.363), Aerolíneas Argentinas (-1.990) y AySA (-1.855). En la Administración Pública Nacional, los recortes alcanzaron a organismos como ARCA (-3.427), ANSES (-2.983) y el CONICET (-2.057).

Cambios en el mapa tributario y presión sobre los ingresos

Un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) sobre la evolución de la carga tributaria entre 2019 y 2026 muestra que las modificaciones fiscales no impactaron de la misma manera en todos los niveles salariales. Al analizar cuatro escalones de ingreso bruto (en valores a 2026: $2.058.400; $4.488.640; $6.573.600; y $9.428.800), el informe detectó una dinámica regresiva.

El estrato de menor ingreso sufrió un leve incremento en su presión fiscal total, pasando del 48,8% en 2019 al 49,2% en 2026 (+0,39 puntos porcentuales). Esto se explica por el aumento en la incidencia de las contribuciones patronales, cuyo mínimo no imponible no se actualizó al ritmo de la inflación acumulada.

En contraposición, los tres segmentos salariales más altos registraron reducciones en su carga impositiva global:

• Segundo nivel ($4,4M): Cayó 2,97 puntos porcentuales (de 50,1% a 47,2%).

• Tercer nivel ($6,5M): Descendió 7,54 puntos porcentuales (de 55,3% a 47,7%).

• Cuarto nivel ($9,4M): Redujo su carga en 7,78 puntos porcentuales (de 57,7% a 49,9%).

Las razones de este alivio en los ingresos superiores responden a topes en los aportes personales que crecieron por debajo de los salarios, modificaciones o exenciones en el Impuesto a las Ganancias, la eliminación del tributo a la renta financiera y cambios en la liquidación de Bienes Personales.