Un reciente estudio revela una paradoja socioeconómica en la provincia de Córdoba: mientras que casi el 58% de los hogares no logra acceder a la canasta básica alimentaria y la mitad ha tenido que suspender al menos una comida diaria, el apoyo al gobierno de La Libertad Avanza y la confianza en su rumbo económico se mantienen sorprendentemente elevados, superando el 60%.

Los datos, desprendidos de una encuesta mensual realizada por almaceneros y comercios minoristas de Córdoba, así como de un relevamiento del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE) a 2500 jefas y jefes de hogares, pintan un panorama de deterioro en el consumo y la seguridad alimentaria. El 57,9% de los hogares cordobeses no pudo acceder satisfactoriamente a la canasta básica alimentaria. Más alarmante aún, la mitad de los hogares debió suspender al menos una comida diaria. La encuesta del IETSE profundiza este aspecto al señalar que el 30% de las familias reportó que alguno de sus integrantes «sintió hambre y no pudo satisfacerlo».

El sector comercial minorista también evidencia la crisis. El consumo sigue en caída libre, y un contundente 70% de los comerciantes no cubrió sus expectativas de venta. La necesidad de financiar la alimentación se ha vuelto una constante para los cordobeses, con un 90% de los clientes requiriendo esta modalidad para acceder a productos básicos. Estos indicadores reflejan la profunda contracción económica que afecta directamente el poder adquisitivo de las familias.

A pesar de la cruda realidad económica que impacta en la mesa de los cordobeses, la encuesta del IETSE revela una marcada dicotomía en la percepción ciudadana. Los números de aprobación de gestión para La Libertad Avanza son más que positivos. Un 61% de los encuestados apoya el rumbo económico del gobierno nacional, confiando en que las dificultades actuales son pasajeras y que la situación mejorará en el futuro. Esta confianza se extiende al ámbito provincial, donde el gobernador Martín Llaryora (identificado en la imagen, junto a Javier Milei) conserva un 54% de apoyo.

Esta persistencia en la confianza, a pesar de los desafíos económicos tangibles y la creciente inseguridad alimentaria, sugiere una compleja interacción de factores. Posiblemente, la ciudadanía percibe las medidas económicas como necesarias a largo plazo, o atribuye las dificultades actuales a problemáticas heredadas de gestiones anteriores. La esperanza en un futuro mejor, sumada a una posible identificación con el discurso oficial, podría estar mitigando el impacto del deterioro en el bienestar cotidiano. Sin embargo, la brecha entre la realidad económica y la percepción política plantea un escenario social y económico que será crucial monitorear en los próximos meses. La capacidad del gobierno para traducir la confianza en mejoras concretas y tangibles en la vida de los ciudadanos será determinante para sostener estos niveles de apoyo a largo plazo.