La Cámara Federal dictó la falta de mérito para el expresidente en la investigación por el presunto direccionamiento de pólizas estatales. La medida no implica el cierre del caso, que seguirá bajo la instrucción del juez Ariel Lijo.

La Sala II de la Cámara Federal porteña resolvió este jueves revocar el procesamiento que pesaba sobre el expresidente Alberto Fernández en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros para organismos públicos. En su lugar, el tribunal dictó la «falta de mérito», una figura legal que indica que las pruebas reunidas hasta el momento no son suficientes para procesar al acusado, pero tampoco para desvincularlo definitivamente del proceso.

Con esta resolución, el exmandatario continuará bajo investigación. El expediente regresará ahora al juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, quien deberá llevar adelante nuevas medidas de prueba solicitadas por las defensas. Una vez agotada esta instancia, el magistrado tendrá que definir nuevamente la situación procesal de Fernández, pudiendo optar por un nuevo procesamiento, el sobreseimiento o mantener la falta de mérito.

Los fundamentos del fallo

La decisión del tribunal de alzada se dio en cumplimiento de lo dispuesto previamente por la Cámara Federal de Casación Penal, que había anulado el procesamiento original con el argumento de que la investigación no estaba lo suficientemente agotada como para avanzar en una instancia de mayor gravedad procesal.

A este escenario se sumó la postura del fiscal ante la Cámara, José Luis Aguero Iturbe, quien durante la audiencia oral consideró que los elementos probatorios actuales no permitían sostener la acusación en esta etapa. Los camaristas Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah firmaron el fallo, aclarando en sus votos que la revocación responde estrictamente a los lineamientos trazados por el tribunal superior de Casación.

El núcleo de la investigación

La denominada «Causa Seguros» busca determinar si existió un esquema de corrupción a partir del Decreto 823/2021, el cual obligaba a los organismos del Estado a contratar sus pólizas exclusivamente a través de Nación Seguros S.A. Según la hipótesis de la fiscalía, este mecanismo fue utilizado para habilitar la intervención de intermediarios y brokers privados que cobraron comisiones por encima de los valores de mercado.

La pesquisa pone el foco en el posible direccionamiento hacia empresarios vinculados al entorno personal del expresidente. Entre los imputados se encuentran el broker Héctor Martínez Sosa —amigo de Fernández— y su esposa María Cantero, quien fuera secretaria privada del exmandatario en la Casa Rosada. A diferencia de Fernández, la Cámara rechazó los planteos de otros imputados en el expediente, manteniendo la vigencia de la investigación sobre el entramado de intermediación