El presidente Javier Milei rechazó la norma que creaba un fondo de $200.000 millones para la reconstrucción post-temporal, alegando que la asistencia ya fue cubierta y que la ley carecía de respaldo presupuestario. La oposición cuestiona la decisión.

El presidente Javier Milei ha vetado en su totalidad la Ley de Emergencia por Inundaciones que el Congreso Nacional había aprobado para asistir a los damnificados de Bahía Blanca y Coronel Rosales. La medida, oficializada este martes a través del Decreto 424/2025 en el Boletín Oficial, anula una norma que preveía la creación de un fondo especial de $200.000 millones destinado a la reconstrucción tras el devastador temporal de marzo.

El Decreto, que lleva la firma del presidente Milei, del jefe de Gabinete Guillermo Francos y de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, fundamenta el veto en que las acciones de auxilio financiero ya fueron atendidas mediante el Decreto N° 238/25. Este último, según el Gobierno, implementó el programa de subsidios «Suplemento Único para la Reconstrucción (S.U.R.)», gestionado por el Ministerio de Seguridad, el cual ya habría beneficiado a más de 32.000 personas. Se menciona que el 85.4% de los 37.546 inscriptos en el S.U.R. ya recibió el pago. No obstante, miles de casos (casi 4.000) aún están en evaluación y más de 1.500 fueron rechazados por no cumplir requisitos o no presentar documentación adecuada.

Otro de los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo es la falta de previsión presupuestaria de la Ley 27.790, lo cual, según el Gobierno, contraviene el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera. El decreto de veto sostiene que la implementación de esta ley afectaría los «objetivos de política económica» del Gobierno.

La ley vetada, que había sido sancionada por unanimidad en el Senado en mayo (incluyendo el voto a favor de La Libertad Avanza en esa instancia) y aprobada en Diputados con 153 votos a favor y la única oposición del bloque oficialista, establecía diversas medidas de asistencia. Entre ellas, se incluía la declaración de emergencia por 180 días, la suspensión de ejecuciones hipotecarias y bancarias por seis meses, coordinación con la provincia de Buenos Aires para exención de impuestos, e implementación de créditos blandos a través del Banco Nación. También contemplaba el uso de mano de obra local para obras de infraestructura y controles periódicos del Congreso sobre la ejecución de los fondos.

La decisión ha generado controversia, especialmente al contrastarse con la asignación, en la misma edición del Boletín Oficial (DNU 425), de más de 2 billones de pesos para pagar deuda, una suma diez veces superior al fondo previsto para Bahía Blanca. Esto ha llevado a críticas desde sectores de la oposición, que lo califican como una «mentira» del gobierno.

Con este veto presidencial, la ley de emergencia para Bahía Blanca y Coronel Rosales regresa al Congreso. Para ser promulgada, necesitará ser ratificada con una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras, un escenario que se vislumbra complejo en el actual panorama político. Mientras tanto, los miles de damnificados que aún esperan respuestas deberán seguir dependiendo de los avances del programa S.U.R.