El gobierno del presidente Javier Milei ha avanzado con la privatización del servicio de trenes de carga, instando al remate público de todo el material rodante de Belgrano Cargas y la concesión de vías y talleres ferroviarios de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza. Esta decisión, con un plazo de un año para su concreción, sitúa a Argentina en un reducido grupo de países sin transporte ferroviario de cargas estatal, generando un debate sobre el futuro del sistema logístico nacional.

El gobierno nacional, bajo la administración del presidente Javier Milei, ha dado un paso decisivo en su política de desregulación y privatización, anunciando el remate y la concesión de la totalidad del sistema de trenes de carga en Argentina. La medida, que impacta directamente en Belgrano Cargas y otras líneas clave, busca transferir la operación y la infraestructura del transporte ferroviario de mercancías al sector privado.

Según la resolución emitida por la Secretaría de Transporte, se insta a «concretar el remate público del material rodante propiedad del Estado Nacional bajo administración de Belgrano Cargas». Esto implica la venta de locomotoras, vagones y todo el equipamiento que hasta ahora pertenece a la empresa ferroviaria estatal.

Adicionalmente, la disposición establece la «concesión de las vías férreas e inmuebles aledaños de las Líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza», así como la «concesión del uso de los talleres ferroviarios». Estas acciones redefinen drásticamente el modelo de gestión del transporte de carga en el país, transfiriendo su control y operación a manos privadas.

La Agencia de Transformación de Empresas Públicas será la encargada de coordinar el proceso, estableciendo un «plazo de 12 meses para completar el proceso de privatización desde la fecha», según precisó la Secretaría de Transporte.

Esta trascendental decisión implica que Argentina se sumará a un «selecto grupo de países que no cuentan con transporte de carga» ferroviario estatal. Entre las naciones mencionadas en este particular conjunto se encuentran Bután, Burundi, Chad, Chipre, Timor Oriental, Gambia, Guinea Bisáu, Islas Tuvalu y Ruanda.

La medida ha generado un intenso debate en el ámbito político y económico, con voces a favor de la eficiencia que podría aportar la gestión privada y críticas que alertan sobre la pérdida de soberanía en un sector estratégico y el posible impacto en la logística de las economías regionales. Organismos sindicales y sectores de la oposición ya han expresado su preocupación por el futuro de los empleos ferroviarios y la conectividad de vastas zonas del país.

La privatización del Belgrano Cargas y de otras líneas fundamentales marca un hito en la política económica del actual gobierno y su visión sobre el rol del Estado en la infraestructura y los servicios públicos, prometiendo transformaciones profundas en el mapa logístico y productivo de la nación.