Una investigación periodística expone una grave escasez de patentes para vehículos nuevos y usados a nivel nacional. La falta de stock, que ha provocado el colapso de los registros automotores, no sería un problema de producción, sino un «negocio» clandestino que beneficia a gestores y empleados que lucran con la desesperación de los consumidores.

La escasez de patentes para vehículos se ha convertido en una crisis silenciosa que afecta a miles de argentinos. Lo que al principio parecía ser un inconveniente puntual, hoy es un problema sistémico que genera demoras en la entrega de autos 0 km y en la transferencia de vehículos usados, paralizando a todo el sector automotriz. Sin embargo, la situación ha tomado un cariz más oscuro ante las denuncias que señalan que detrás de esta falta de stock se esconde un lucrativo negocio ilegal.

La investigación apunta a un sistema corrupto que prospera en la desesperación de los compradores. Los gestores, aprovechando la falta de patentes en los Registros Seccionales, ofrecen a los clientes acelerar el trámite a cambio de un pago extra. Este «negocio» opera como un mercado paralelo donde la burocracia se convierte en una herramienta para el lucro personal. De esta manera, mientras algunos ciudadanos esperan semanas o meses por su patente, aquellos que acceden a pagar un sobreprecio obtienen el trámite resuelto en cuestión de días.

La situación no solo tiene un impacto directo en el bolsillo de los consumidores, sino que también revela un colapso en la cadena de producción y distribución. Si bien la Casa de la Moneda es la encargada de fabricar las placas, el problema se encontraría en la gestión de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA), el organismo que debería garantizar el suministro. Las acusaciones sugieren que existe una mala administración o, en el peor de los casos, una connivencia de funcionarios con los gestores para mantener este negocio ilegal en pie.

Las consecuencias de esta crisis son múltiples. En primer lugar, afecta a los concesionarios y agencias de autos, que tienen vehículos sin entregar en sus depósitos, generando un problema de stock y de caja. Para los compradores, la demora implica no poder utilizar un bien que ya pagaron, con las complicaciones que eso conlleva, como la imposibilidad de circular o asegurar el vehículo. Finalmente, este sistema opaco socava la credibilidad de las instituciones públicas y fomenta la corrupción en un sector clave de la economía. La comunidad automotriz exige ahora una investigación a fondo y medidas urgentes para restablecer la normalidad.