La Cámara de Permisionarios y Concesionarios del Puerto de Bahía Blanca emitió un contundente comunicado formalizando su rechazo al proyecto del Ejecutivo Municipal que pretende aplicar un incremento extraordinario a la Tasa de Seguridad e Higiene para el ejercicio 2026. Las empresas que operan en el nodo portuario, energético y petroquímico de la ciudad, alertan que el aumento de alícuotas y sobretasas, que en algunos casos superaría el 140%, representa una seria pérdida de competitividad y pone en riesgo la seguridad jurídica, amenazando futuros proyectos de inversión en el polo industrial estratégico para el país.

El proyecto de Ordenanza Fiscal e Impositiva 2026 impulsado por el intendente Federico Susbielles, que busca generar un fondo extraordinario para obras públicas, ha encontrado un contundente freno en el sector industrial y portuario. La Cámara de Permisionarios y Concesionarios del Puerto de Bahía Blanca (que incluye a firmas clave de los sectores energético, petroquímico, cerealero y de servicios portuarios) emitió un comunicado en el que manifiesta su absoluto desacuerdo con la iniciativa, que califican como un «aumento extraordinario de tasas».

La principal preocupación radica en la magnitud del incremento que se pretende aplicar. Según el comunicado, el aumento significativo de la Tasa de Seguridad e Higiene se materializaría a través de la modificación de alícuotas y la aplicación de sobretasas que, en la práctica, implicarían subas que en algunos casos superan el 140%.

El objetivo de la tasa y el Polo Petroquímico

 

El proyecto enviado al Concejo Deliberante por el Ejecutivo Municipal, que consiguió reciente despacho de las comisiones de Legales y Hacienda, tiene como objetivo declarado la creación de un fondo de afectación específica para financiar un ambicioso plan de obras hidráulicas y pluviales necesarias para la ciudad, citando la falta de compromiso de financiamiento por parte del Gobierno Nacional.

Para lograr este cometido, el Municipio propone incrementar la alícuota de la Tasa de Seguridad e Higiene del 8,1% actual a un 20% para las grandes empresas químicas y petroquímicas que concentran su actividad en el polo industrial. Se prevé recaudar una cifra cercana a los $27.000 millones de pesos a través de esta denominada «tasa solidaria extraordinaria».

Si bien el Intendente Susbielles ha justificado la medida como un recurso indispensable para atender necesidades urgentes de los vecinos (como las obras pluviales en barrios vulnerables), la Cámara empresarial sostiene que la metodología y el monto son desproporcionados.

Seguridad jurídica y riesgo de inversión

 

La nota, suscripta por el presidente de la Cámara, el ingeniero Gustavo Lucero, enfatiza que la aplicación de cambios tan abruptos a través de mecanismos que no se corresponden con procedimientos consensuados, genera serios daños en la seguridad jurídica y la credibilidad de Bahía Blanca a nivel nacional e internacional.

El sector industrial alerta que este tipo de presión fiscal no solo provoca una pérdida directa de competitividad frente a otras jurisdicciones y nodos industriales, sino que además podría llevar a las empresas a analizar la posibilidad de facturar sus actividades en otras ciudades, poniendo en riesgo la base tributaria actual y futuros proyectos de inversión y expansión que son vitales para el crecimiento del país. De hecho, analistas económicos han calificado la medida como «anti-RIGI», en referencia al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones.

El llamado al consenso y la visión integral

 

La posición de los empresarios no solo se centra en el rechazo, sino también en el llamado a un diálogo institucional más amplio. Lucero sostiene en el comunicado que «el futuro de la ciudad se construye juntos, con la participación y un debate amplio entre todos los actores institucionales».

El objetivo, según la Cámara, debe ser encontrar alternativas que logren el equilibrio necesario entre la necesidad legítima de recursos públicos para el Municipio y la sostenibilidad de la actividad industrial que motoriza la economía de la ciudad.

El proyecto de ordenanza será tratado en la próxima sesión del Concejo Deliberante en un plazo de aproximadamente 15 días, donde deberá enfrentar no solo el rechazo del sector empresarial sino también la fuerte crítica de la oposición.

Es pertinente destacar que, en contrapartida a esta sobretasa para las grandes empresas, el Ejecutivo Municipal ha propuesto una serie de exenciones fiscales dirigidas a aliviar la presión tributaria sobre los pequeños contribuyentes, como monotributistas de categorías bajas (A, B y C) y jubilados con ingresos mínimos, en un intento de focalizar la carga impositiva en los grandes actores del Polo Petroquímico.