La diputada nacional Lourdes Arrieta defendió en el Congreso un proyecto de reforma del régimen penal juvenil que propone fijar la imputabilidad desde los 14 años y establecer responsabilidad civil para los padres.

Avanza en el Congreso un proyecto de reforma del régimen penal juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 14 años e incorporar la responsabilidad civil de los padres por los delitos cometidos por sus hijos menores. La iniciativa fue impulsada por la diputada nacional por Provincias Unidas, Lourdes Arrieta, quien defendió la propuesta en declaraciones a Medios El Independiente.

Según explicó la legisladora, el proyecto busca modificar en profundidad el marco legal que regula la responsabilidad penal de menores. La propuesta fija la edad de imputabilidad en los 14 años y establece mecanismos de sanción y reparación que incluyen la participación de las familias.

Arrieta señaló que distintas iniciativas legislativas coincidieron en la necesidad de abordar la problemática de la delincuencia juvenil. En ese sentido, calificó la situación como un tema pendiente desde hace años y sostuvo que el tratamiento del proyecto representa una oportunidad para actualizar el sistema. “Ahora tenemos la oportunidad de devolverles a los argentinos un poquito de justicia”, afirmó.

Responsabilidad de los padres y medidas socioeducativas

Uno de los ejes centrales del proyecto es la incorporación de la responsabilidad civil de los progenitores. La iniciativa prevé que los padres puedan responder económicamente por los daños causados por sus hijos menores, a través de resarcimientos a las víctimas, trabajos comunitarios y eventuales sanciones cuando se determine negligencia en el cuidado del adolescente.

La diputada indicó que el proyecto, presentado en marzo de 2025, también contempla un enfoque socioeducativo. Entre las medidas previstas se incluyen capacitaciones obligatorias, finalización de estudios secundarios, talleres de arte y deportes, y el acompañamiento de equipos interdisciplinarios orientados a la reinserción social de los jóvenes en conflicto con la ley.

Además, la iniciativa propone revisar las penas en determinados plazos. Arrieta mencionó que originalmente se había planteado una revisión a los 20 años, aunque en el debate parlamentario se evalúa reducir ese período.

Los puntos centrales del proyecto

El texto incorpora varios artículos clave. El artículo 1° fija la edad de imputabilidad en los 14 años, en línea —según sus impulsores— con estándares regionales. El artículo 5°, inciso m, crea la figura de la “Tutela Juvenil”, que permite a los jueces dictar medidas de protección inmediata para resguardar al menor durante el proceso judicial.

Por su parte, el artículo 7° establece formalmente la responsabilidad civil de los padres por los daños ocasionados por sus hijos. El artículo 28 dispone la capacitación obligatoria y especializada para el personal que se desempeñe en institutos de detención juvenil.

El proyecto continúa en debate dentro del Congreso y forma parte de una discusión más amplia sobre políticas de seguridad y justicia juvenil, que involucra a distintos bloques políticos y organizaciones sociales.