El Tribunal Criminal N.º 2 dictó la sentencia contra Stella Maris Distel tras comprobarse que extorsionó a un hombre durante más de dos años. La mujer obtuvo más de 4 millones de pesos y diversos bienes materiales bajo la amenaza de difundir imágenes íntimas obtenidas tras sesiones de masajes y videollamadas.

El fin de una maniobra extorsiva que duró casi tres años

La justicia de Bahía Blanca dictó una condena ejemplar en un caso de «sextorsión» que conmocionó a la localidad de Puán. El Tribunal Criminal N.º 2 sentenció a Stella Maris Distel a la pena de siete años de prisión, tras hallarla culpable del delito de extorsión contra un hombre a quien mantuvo bajo amenaza constante durante un prolongado período.

La investigación, llevada adelante por la UFIJ N° 20 bajo la dirección del fiscal Rodolfo De Lucia, determinó que el calvario de la víctima comenzó a principios de 2022. El vínculo inicial se dio en un contexto profesional, cuando el hombre acudió al domicilio de Distel para recibir sesiones de masajes. Con el tiempo, la relación derivó en comunicaciones a través de videollamadas, instancias que la mujer aprovechó para realizar capturas de pantalla de contenido íntimo sin el consentimiento del afectado.

Millonarias transferencias y compras por plataforma

El material obtenido fue utilizado como herramienta de coacción hasta noviembre de 2024. Bajo la amenaza sistemática de hacer públicas las fotografías, Distel obligó a la víctima a realizar múltiples entregas de dinero. Según los registros probatorios, las transferencias bancarias superaron los 4 millones de pesos.

Sin embargo, la ambición de la condenada no se limitó al dinero en efectivo. La pesquisa judicial demostró que la mujer también forzó al hombre a adquirir diversos productos a través de la plataforma Mercado Libre. Entre los bienes recibidos se identificaron un reloj, un taladro, una balanza digital y hasta productos de panadería, compras que sumaron un valor adicional superior a los 100 mil pesos.

Pruebas determinantes

El caso comenzó a ver la luz en diciembre de 2024, cuando la víctima, asfixiada por las exigencias económicas, decidió radicar la denuncia. En esa instancia, aportó pruebas fundamentales que incluyeron capturas de las conversaciones extorsivas y los comprobantes de las transacciones financieras realizadas bajo presión.

A lo largo del proceso judicial, los peritajes y testimonios confirmaron el esquema de manipulación que Distel había montado. La solidez de las pruebas permitió al tribunal establecer una condena de cumplimiento efectivo, reafirmando la gravedad de los delitos que vulneran la intimidad y el patrimonio de las personas mediante el chantaje digital.