La diputada nacional Lourdes Arrieta presentó una denuncia ante la Justicia Federal contra el exministro de Defensa. Se investigan presuntos delitos de administración fraudulenta, malversación de fondos y abandono de persona por la falta de medicamentos esenciales en el IOSFA.

La diputada nacional Lourdes Micaela Arrieta radicó una denuncia penal de extrema gravedad contra el actual legislador y exministro de Defensa, Luis Petri, por presuntas irregularidades en la gestión del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA). La presentación judicial solicita que se investigue al exfuncionario por administración fraudulenta, malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona, ante el colapso prestacional que afecta a miles de familias militares.

El eje central del conflicto radica en la crítica situación del IOSFA, un sistema que brinda cobertura médica a aproximadamente 650.000 afiliados, incluyendo personal en actividad, retirados y pensionados. Según el escrito judicial, durante la gestión de Petri, el organismo habría transitado de un escenario de superávit y reservas financieras a un estado de endeudamiento creciente y crisis estructural. Este deterioro no solo es contable, sino que se ha traducido en cortes sistemáticos de prestaciones, suspensión de servicios por falta de pago a prestadores y la rescisión de convenios en diversas regiones del país.

Uno de los puntos más sensibles de la denuncia es el impacto sanitario directo. Arrieta advierte sobre la interrupción de tratamientos críticos, denunciando la falta de provisión de insulina y de medicamentos oncológicos esenciales para enfermedades crónicas. El documento judicial es tajante al señalar que estas demoras no representan meros problemas administrativos, sino que constituyen un riesgo real para la vida de los pacientes, motivo por el cual se incluyó la figura penal de abandono de persona.

Asimismo, la lupa de la justicia se posará sobre un préstamo de 40.000 millones de pesos otorgado por el Instituto de Ayuda Financiera (IAF). Si bien los fondos debían destinarse a la modernización hospitalaria y sistemas informáticos, la denuncia sostiene que no existe claridad sobre su aplicación concreta, en paralelo a un escenario de desabastecimiento generalizado. También se mencionan contratos millonarios con droguerías bajo sospecha y dificultades para acceder a documentación clave, lo que refuerza las hipótesis de irregularidades en el manejo de los recursos destinados a la salud de las familias de las Fuerzas Armadas.