A través del Decreto N.º 88/2026, se establece un esquema de transición de 60 días en el que convivirán IOSFA y la flamante OSFA. Pese al anuncio, persiste la incertidumbre sobre el pago de la deuda millonaria a prestadores y la normalización de la cobertura para los afiliados.

El Ministerio de Defensa confirmó la puesta en marcha de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), la entidad que llega para reemplazar a IOSFA en un contexto de profunda crisis financiera y prestacional. Según el cronograma oficial, el nuevo sistema comenzará a regir a partir del próximo 1 de abril, cumpliendo con los plazos previstos en el Plan de Transición para reorganizar el sistema de salud castrense, que actualmente mantiene sin cobertura regular a miles de militares en actividad y retirados.

El nuevo esquema administrativo contempla una separación operativa: mientras que los afiliados de las Fuerzas Armadas comenzarán a ser atendidos por la OSFA, el personal de las Fuerzas Federales de Seguridad continuará, por el momento, bajo la órbita de IOSFA. Para coordinar este traspaso, el recientemente asumido Directorio de la OSFA mantuvo reuniones con las máximas autoridades del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea con el fin de relevar las necesidades más urgentes de cada fuerza.

Los pilares del nuevo esquema de salud

La implementación de la OSFA se basa en el denominado Plan Integral de Prestaciones (PIP). Según el documento oficial, los objetivos centrales son el fortalecimiento de los controles sobre las prácticas médicas y la optimización de la gestión de medicamentos para reducir costos operativos. El Gobierno asegura que esta reestructuración se realizará con desarrollos técnicos propios, buscando «mejorar la eficiencia del gasto sin afectar el acceso» a la salud.

Durante el período de convivencia de 60 días entre ambas estructuras, la prioridad declarada por el Ejecutivo es garantizar la continuidad de los tratamientos médicos en curso, especialmente aquellos vinculados a la alta complejidad, discapacidad o enfermedades crónicas. Asimismo, se prevé un ingreso progresivo de recursos por parte de las tres fuerzas para avanzar en una «regularización gradual» de los pagos a proveedores, aunque no se precisaron fechas ni montos para cancelar la deuda acumulada que mantiene cortados los servicios en gran parte del país.

Dudas sobre el déficit y nuevas contrataciones

Pese al tono optimista del anuncio oficial, persisten interrogantes técnicos y políticos sobre la situación financiera. La gestión de Luis Petri en el Ministerio de Defensa recibió la obra social IOSFA con un superávit de 25.000 millones de pesos, por lo que el actual estado de quebranto resulta de difícil explicación para los sectores técnicos del área.

A esta situación se suma la reciente controversia por la contratación de una empresa externa para la creación del Programa Integral de Prestaciones. Dicha consultoría representa un costo de 86 millones de pesos e incluye un gerente con un salario mensual de 10 millones de pesos, una cifra que genera malestar entre los afiliados que hoy padecen la falta de atención médica y realizan marchas de protesta en distintas ciudades del país. Por el momento, la solución definitiva para la deuda con las clínicas y farmacias externas sigue sin aparecer en la letra chica del nuevo decreto.