Organizaciones de Derechos Humanos advierten sobre un agravamiento de la violencia institucional, con 1.056 casos registrados en 25 meses de gestión. El relevamiento incluye muertes por gatillo fácil, represión en protestas y decesos en contextos de encierro.

Un reciente y alarmante informe de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) ha puesto el foco sobre el incremento de la violencia estatal en Argentina. Según los datos actualizados a enero de 2026, desde el regreso de la democracia en 1983 se han contabilizado un total de 10.181 personas asesinadas por fuerzas de seguridad. La cifra más impactante revela que, en apenas 25 meses de la administración de Javier Milei, se registraron 1.056 muertes, lo que representa el 10% del total acumulado en las últimas cuatro décadas.

María del Carmen Verdú, referente histórica y fundadora de CORREPI, fue tajante al calificar la situación actual: “Es el gobierno más represor desde 1983”. En declaraciones recientes, Verdú sostuvo que el país atraviesa un «cambio de régimen» caracterizado por la destrucción de derechos y garantías fundamentales, vinculando este fenómeno directamente con la implementación de nuevas normativas de control social y seguridad federal.

El impacto del Protocolo Antipiquetes y el avance judicial

El informe se conoce en el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, cada 8 de mayo, fecha que recuerda la «Masacre de Ingeniero Budge» de 1987. En la actualidad, el debate se centra en la vigencia del «Protocolo Antipiquetes» diseñado por el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich. Esta normativa, que permite la intervención de fuerzas federales sin orden judicial previa en situaciones de flagrancia, fue ratificada por la Cámara de Apelaciones en marzo de 2026.

La Justicia investiga actualmente casos emblemáticos derivados de este contexto. Entre ellos, el del fotógrafo Pablo Grillo, quien resultó gravemente herido por un cartucho de gas lacrimógeno disparado por un gendarme en marzo de 2025. La jueza María Servini evalúa elevar a juicio oral la causa contra el cabo Héctor Jesús Guerrero por tentativa de homicidio. Asimismo, el caso del jubilado Egidio Contreras ha vuelto a tomar impulso tras una orden de la Cámara Federal de Casación Penal para reabrir la investigación el pasado 5 de mayo.

Llamado a la organización colectiva

Desde los organismos de Derechos Humanos señalan que este incremento en las estadísticas de muertes estatales —que incluye desde el gatillo fácil hasta fallecimientos en cárceles— requiere una respuesta que trascienda los estrados judiciales. Verdú instó a las víctimas y sus familiares a vincularse con organizaciones territoriales para enfrentar lo que consideran un endurecimiento sistemático de la represión.

«Hay que pelearla colectivamente, dentro y fuera de los tribunales», concluyó la abogada, remarcando que la movilización social sigue siendo la principal herramienta de resistencia ante el avance de políticas que, según el informe, han disparado los índices de letalidad estatal a niveles inéditos para el periodo democrático