La intendenta de Graneros, Raquel Graneros, se encuentra en el centro de la polémica tras ser denunciada por la adquisición de una lujosa propiedad valuada en más de un millón de dólares en un exclusivo country de Yerba Buena. La controversia se agrava debido a que su municipio es considerado el más pobre de la provincia de Tucumán.

Los detalles de la millonaria operación

De acuerdo con la información revelada periodísticamente, la jefa comunal habría comprado una vivienda de 600 metros cuadrados construida sobre dos lotes en el sector 12 del barrio privado Las Yungas, ubicado a más de 130 kilómetros de su lugar de trabajo.

La cotización de mercado del inmueble rondaría entre 1 y 1,2 millones de dólares. Según la denuncia impulsada por legisladores y dirigentes locales:

• El pago se habría realizado íntegramente en efectivo.

• Una parte del valor se habría abonado en seis cuotas mensuales de 50.000 dólares.

• No existen registros de créditos hipotecarios a nombre de la funcionaria en el Banco Central.

• El secretario de Hacienda municipal, Ariel Mendelek, habría participado en la logística del traslado del dinero.

Contraste con la realidad de Graneros

Mientras las expensas de la nueva propiedad rondarían el millón de pesos mensuales y el sueldo de la funcionaria se estima en tres millones, el municipio que conduce atraviesa una severa crisis estructural. Según datos de la UCA, el departamento de Graneros es el más pobre de Tucumán, con más del 50% de su población por debajo de la línea de pobreza y graves deficiencias en servicios básicos, como falta de agua potable y cortes en el suministro eléctrico.

El control familiar de la comuna

La denuncia también expone el manejo institucional de la familia Graneros, que administra la comuna ininterrumpidamente desde 2003. El esquema fue iniciado por el fallecido padre de la actual intendenta, Roque Graneros, continuó con su madre, la actual legisladora Alejandra Cejas, y derivó en la actual gestión de Raquel.

A esto se suma la influencia del entorno familiar a nivel provincial: el hermano de la jefa comunal fue designado como secretario de Estado en el Ministerio del Interior por el gobernador Osvaldo Jaldo, apenas una semana antes de que el Ejecutivo prohibiera nuevas incorporaciones al Estado. La investigación judicial por las denuncias recayó en el fiscal Diego Hevia.