La justicia de Garantías resolvió elevar a juicio oral la investigación por el derrumbe que dejó 13 fallecidos y decenas de heridos durante el temporal de diciembre de 2023. Se juzgará al presidente del club Leandro Ginóbili, al ingeniero Pablo Ascolani y a la exfuncionaria municipal Laura Soberón.

La investigación judicial por la mayor catástrofe climática y edilicia de la historia reciente de Bahía Blanca ha entrado en su etapa definitoria. La justicia de Garantías resolvió elevar a juicio oral la causa penal por el derrumbe del techo del gimnasio del Club Bahiense del Norte, un hecho ocurrido el pasado 16 de diciembre de 2023 que se cobró la vida de 13 personas y dejó a numerosos sobrevivientes con discapacidades permanentes.

La medida recae de forma directa sobre los tres principales implicados señalados por el Ministerio Público Fiscal: el presidente de la institución deportiva, Leandro Ginóbili; el ingeniero civil Pablo Ascolani; y la ex jefa del área de Habilitaciones de la Municipalidad de Bahía Blanca, Laura Soberón.

Los tres acusados y el pedido de la justicia

El fiscal a cargo del expediente, Cristian Aguilar, atribuyó diferentes grados de responsabilidad penal para cada uno de los procesados de acuerdo con sus roles técnicos, institucionales y estatales:

• Leandro Ginóbili: El presidente del club deportivo afrontará cargos por el delito de estrago culposo agravado por la muerte y por la puesta en peligro de muerte, en concurso ideal con lesiones leves culposas y lesiones graves culposas, agravadas por la pluralidad de víctimas.

• Pablo Ascolani: El ingeniero civil irá a juicio imputado por estrago culposo agravado por la muerte, además de lesiones leves y graves culposas, todo unificado en un mismo hecho y agravado por la cantidad de personas damnificadas. La acusación se basa en que el profesional había elaborado y refrendado informes técnicos favorables sobre la estructura que terminó desmoronándose.

• Laura Soberón: La exfuncionaria municipal fue procesada bajo la carátula de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La advertencia por el alerta naranja y la falta de habilitación

Según la instrucción llevada adelante por la fiscalía, Ginóbili tenía pleno conocimiento de que el club no contaba con la habilitación municipal definitiva para funcionar. A pesar de haber recibido notificaciones previas para regularizar los trámites y presentar la documentación obligatoria exigida por el municipio, la directiva dejó el expediente administrativo sin avances sustanciales.

Además de las irregularidades edilicias, la acusación hace hincapié en la negligencia cometida el día del siniestro. Pese a las reiteradas advertencias meteorológicas con alerta naranja emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional y por los canales oficiales del municipio de Bahía Blanca ante ráfagas extremas, los directivos optaron por continuar con el festival de patín artístico que congregaba a cientos de familias dentro de las instalaciones.

En lo que respecta a la ex jefa de Habilitaciones, el fiscal determinó que Soberón omitió aplicar el Código de Habilitaciones local. La norma municipal prohíbe de manera expresa el inicio de actividades masivas en los clubes deportivos hasta que cuenten con una habilitación formalmente acordada, impidiendo permisos de funcionamiento provisorios o de hecho.

Investigación paralela por presuntos vínculos

De manera paralela a la elevación a juicio resuelta por la justicia de Garantías, continúa abierta una línea de investigación satélite que busca esclarecer presuntos lazos de complicidad. Se indaga el supuesto intercambio de información e influencias entre directivos de la entidad deportiva de calle Salta y peritos oficiales durante las primeras semanas posteriores al desastre.

El trágico suceso se cobró la vida de Juliana Barquero, Adriana María Contento, Norma Gladys Nieto, María Laura Rodríguez, Federico Luis Dúo, Diego Carrasco, Luis Pérez, Juana Graciela Danszyt, Rosa Figueroa, Bryan Ortega, Diego Cassati, Rubén Baldi y el menor Benicio Baldi, cuyos familiares continúan reclamando justicia y el máximo esclarecimiento de las responsabilidades civiles y estatales.