La jueza estadounidense Jennifer Rochon desestimó la demanda de los inversores por falta de fundamentos jurídicos. Paralelamente, en la Justicia federal porteña, cuatro damnificados sufrieron un nuevo revés para constituirse como querellantes.

Un severo revés judicial sufrió la investigación global en torno a la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA. En las últimas horas, la jueza Jennifer Rochon, al frente del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, dispuso el cierre y archivo definitivo del expediente que se instruía en Estados Unidos contra el desarrollador Hayden Davis, sus familiares y los principales promotores del proyecto digital, un fallo que impacta de lleno en la tramitación del caso en los tribunales de la Argentina.

La resolución de la magistrada neoyorquina respondió a la demanda colectiva impulsada por los inversores damnificados Omar Hurlock y Anuj Mehta. Ambos acusaban formalmente a Hayden Davis, a sus parientes Gideon Davis y Charles Thomas Davis, así como también a Benjamin Chow y a la plataforma Meteora, de haber articulado un esquema deliberado de fraude, conspiración, enriquecimiento ilícito y violaciones a la Ley de Organizaciones Corruptas y Influenciadas por el Crimen Organizado (Ley RICO). Sin embargo, tras analizar el planteo, la jueza consideró que las imputaciones formuladas resultaban “insuficientes para fundamentar una reclamación por diversas razones” y le negó formalmente a los demandantes la posibilidad de presentar una segunda demanda enmendada.

Al desarrollar los fundamentos del fallo, Rochon remarcó que la pretensión de corregir el escrito mediante una segunda presentación resultaba «improcedente», dado que ninguna de las modificaciones propuestas lograba «subsanar las deficiencias» estructurales del reclamo original. En tal sentido, la jueza advirtió que los querellantes no aportaron ni alegaron hechos concretos ni pruebas sobre la existencia de empresas pantalla o entidades comerciales utilizadas para la maniobra. Del mismo modo, respecto de los promotores acusados, el tribunal enfatizó que los denunciantes omitieron precisar detalles elementales, tales como qué demandado en particular había formulado las declaraciones engañosas denunciadas.

En un intento por demostrar la existencia de un «patrón de actividad delictiva organizada» continuo y encuadrar los hechos bajo los severos términos de la Ley RICO, los demandantes pretendieron incorporar al expediente las maniobras vinculadas a otros tokens sospechados de fraude, tales como $MELANIA, $ENRON y$TRUST. No obstante, la jueza desestimó de plano este argumento al concluir que la inclusión de dichas criptomonedas apenas extendía en un mes el período objeto de investigación, lo cual resultaba conceptualmente insuficiente para configurar la exigencia de duración temporal que requiere el marco normativo penal estadounidense. Cabe remarcar que el fallo del tribunal de Nueva York no determina sustancialmente si el caso $LIBRA constituye o no un fraude en el mercado financiero, sino que se circunscribió estrictamente a declarar que la demanda presentada carecía de la sustentación técnica necesaria para habilitar la continuidad del proceso judicial en dicha jurisdicción.

Mientras tanto, en el frente judicial argentino, el escenario para las víctimas se volvió igualmente complejo. Esta misma semana, la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones rechazó un nuevo pedido formulado por cuatro inversores afectados —Martín Romeo, Matías Alejandro Paris, Juan Patricio Marchetto y Alan Vega— que buscaban ser reconocidos formalmente como parte querellante en la causa penal que se tramita en el país. Los cuatro damnificados habían sido apartados previamente de la causa por decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, tras hacer lugar a un planteo presentado por la defensa del lobista Mauricio Novelli.

Frente a esta negativa ratificada por la Cámara Federal, los ahorristas afectados anticiparon que acudirán mediante un recurso de queja ante la Cámara Federal de Casación Penal para intentar revertir la medida del magistrado y volver a tener participación activa en el expediente. Con el apartamento de los denunciantes y el cierre del frente judicial en los Estados Unidos, la investigación local permanece bajo la responsabilidad del fiscal federal Eduardo Taiano, sobre quien pesan crecientes cuestionamientos y críticas por parte de los afectados debido a la marcada lentitud y falta de avances en la recolección de pruebas.