Un informe de la prestigiosa publicación destaca el programa de ciudadanía por inversión presentado en París y lo compara con una tarjeta Amex Black para la élite global en busca de un seguro geopolítico.

Tras consolidar marcas globales con la camiseta de Lionel Messi, el vino Malbec o el atractivo inmobiliario porteño, la Argentina comenzó a posicionar un novedoso e insólito producto de exportación en los mercados de altísimo patrimonio: la ciudadanía. Un reciente y revelador artículo publicado por la prestigiosa revista Forbes abordó el flamante programa de ciudadanía por inversión anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, en el marco de la Argentina Week celebrada en París, definiéndolo como un potencial «símbolo de estatus» reservado para la élite de grandes fortunas estadounidenses que buscan afianzar un «Plan B» frente a las crecientes tensiones geopolíticas e incertidumbres globales. La analogía utilizada por consultores internacionales citados por el medio estadounidense sintetizó con agudeza el fenómeno al comparar la posesión del pasaporte nacional con exhibir una tarjeta American Express Black, ironizando sobre el prestigio social que podría generar entre inversores internacionales la frase: «¿Cómo, no tenés la ciudadanía argentina?».

El esquema oficial, que comenzará a receptar las primeras solicitudes formales durante el cuarto trimestre de este año, fija condiciones financieras sumamente precisas para los aspirantes. La vía principal contempla una contribución directa y de carácter no reembolsable al Tesoro Nacional por un piso de 350.000 dólares para el solicitante individual. Asimismo, el programa contempla un esquema de inclusión familiar: la adición del cónyuge eleva la suma o contempla desembolsos adicionales de 100.000 dólares, mientras que por cada hijo menor de edad se deben sumar 25.000 dólares. De este modo, una familia tipo integrada por cuatro miembros podrá acceder a la nacionalización mediante un pago consolidado de 500.000 dólares. Como alternativa secundaria, el Gobierno diseñó la posibilidad de suscribir un título público del Tesoro creado específicamente para este régimen por una cifra mínima de 800.000 dólares a siete años de plazo, aunque con la particularidad de que dicho instrumento no devengará intereses. Según explicaron los asesores financieros participantes del diseño, el enorme costo de oportunidad que implica inmovilizar casi un millón de dólares durante casi una década sin rentabilidad inclinará masivamente la preferencia de los inversores hacia el aporte directo a fondo perdido.

No obstante, el análisis de Forbes enfatiza que el atractivo medular de la iniciativa radica en el perfil y la motivación del público objetivo. Existe una demanda exponencial por parte de ciudadanos de altísimo patrimonio en Estados Unidos que conciben una segunda nacionalidad como un seguro de vida patrimonial y personal, sin que ello implique necesariamente el traslado definitivo de su residencia hacia territorio argentino. Esta lógica responde a una estrategia de diversificación geográfica aplicada a las carteras de inversión globales: así como se distribuye el capital entre acciones, bonos y bienes raíces, los ejecutivos añaden ahora soberanías nacionales. En ese marco, la Argentina ofrece una ventaja competitiva de índole pragmática frente a otras alternativas internacionales: al compartir prácticamente la misma franja horaria con los principales centros financieros del continente americano, permite la operatividad ejecutiva remota sin los inconvenientes del jet lag. Además, el pasaporte argentino concede un valor agregado regional decisivo al otorgar los beneficios de movilidad, trabajo y residencia permanente dentro de Sudamérica a través del Acuerdo de Residencia del Mercosur.

La comercialización formal de la ciudadanía ubica a la Argentina en competencia directa dentro de un mercado global sumamente disputado que históricamente estuvo reservado a pequeños Estados insulares del Caribe y a naciones con marcos de atracción de capitales específicos. En este «supermercado internacional de pasaportes», opciones como Dominica arrancan con aportes de 200.000 dólares; Antigua y Barbuda en 230.000 dólares; Grenada en 235.000 dólares y Saint Kitts y Nevis en 250.000 dólares, situándose la mediana global de este tipo de regímenes en torno a los 250.000 dólares. Por su parte, Turquía exige una inversión inmobiliaria mínima de 400.000 dólares mantenida por tres años. Con su tarifa base de 350.000 dólares, la Argentina se posiciona sensiblemente por encima del promedio caribeño, irrumpiendo con la novedad histórica de convertirse en el primer programa de ciudadanía por inversión implementado en Sudamérica y en el primero dentro de los países integrantes del bloque del G20.

A pesar de la exigencia del desembolso económico, el Gobierno nacional remarcó que el otorgamiento del pasaporte no será un procedimiento automático. Para garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo —alineados con los lineamientos del GAFI y la OCDE—, los candidatos deberán sortear rigurosos procesos de due diligence e inspección de antecedentes. La arquitectura legal del sistema comenzó a edificarse mediante decretos que modificaron la Ley de Ciudadanía para eximir del requisito de los dos años de residencia previa a quienes realicen una «inversión relevante», supeditando la aprobación final de la Dirección Nacional de Migraciones a los dictámenes e informes previos de organismos clave como la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF), el Ministerio de Seguridad, el Registro Nacional de Reincidencia y el RENAPER. De esta manera, en su permanente búsqueda de divisas para fortalecer la posición fiscal y financiera del Tesoro, el Palacio de Hacienda transformó a la propia nacionalidad en un codiciado activo económico.