El referente nacional del Partido Obrero en el Frente de Izquierda presentó una acción judicial contra el Presidente de la Nación y el Ministro de Economía. Los acusa de la presunta comisión de los delitos de desobediencia, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público al no acatar una medida cautelar firme dictada por la Justicia.

El dirigente nacional del Partido Obrero y referente del Frente de Izquierda, Gabriel Solano, formalizó este jueves una denuncia penal contra el Presidente de la Nación, Javier Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo. La presentación judicial imputa a los máximos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional la presunta comisión de los delitos de desobediencia, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, a raíz de la negativa sistemática del Gobierno a aplicar los términos de la Ley de Financiamiento Universitario.

En el escrito ingresado en los tribunales federales, Solano exige que la Justicia abra una investigación penal sobre las máximas autoridades del Estado y proceda a citar a ambos funcionarios a prestar declaración indagatoria. La medida judicial surge en respuesta al «ahogo presupuestario» que atraviesa el sistema de educación superior del país y la falta de respuesta frente a los mandatos emitidos por el Poder Judicial.

Detalles de la medida cautelar y el recorrido en la Justicia

En sus declaraciones públicas tras la presentación del escrito, Solano remarcó la gravedad institucional que reviste la conducta del Ejecutivo. “Milei y Caputo tienen que responder penalmente por incumplir una medida cautelar firme que ordena aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. El Congreso rechazó el veto presidencial con los dos tercios y la Justicia ordenó recomponer los salarios docentes y no docentes y actualizar las becas estudiantiles. Sin embargo, el Gobierno sigue desconociendo estas resoluciones y profundizando el ahogo presupuestario de las universidades públicas”, sostuvo el referente de la izquierda.

Asimismo, el dirigente del Partido Obrero detalló el trayecto procesal del fallo que el Gobierno se niega a ejecutar. De acuerdo con lo expuesto, la medida cautelar originaria fue dictada en primera instancia en diciembre de 2025. Posteriormente, la decisión fue ratificada por la Cámara de Apelaciones en marzo de 2026 y alcanzó carácter de firmeza absoluta tras la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en junio.

Incumplimiento salarial y falta de actualización en becas

Pese al recorrido procesal y a los fallos coincidentes de las distintas instancias judiciales, la parte denunciante constató que la pauta de recomposición salarial y la actualización de asignaciones estudiantiles continúan totalmente paradas.

“El juzgado intimó reiteradamente al Poder Ejecutivo y constató que sigue sin cumplirse la recomposición salarial según la inflación acumulada ni la actualización de las becas Progresar, Belgrano y otras. No estamos ante una diferencia de interpretación, estamos denunciando el incumplimiento directo de una orden judicial”, remarcó Solano para argumentar la tipificación penal del reclamo.

Críticas al estilo de gobierno y defensa de las casas de estudio

Finalmente, el referente del Frente de Izquierda criticó severamente el manejo institucional del Presidente y ratificó la postura de los sectores de la comunidad universitaria en defensa de las casas de altos estudios públicas del país.

“La denuncia que presentamos solicita que se investigue la responsabilidad penal de Milei y Caputo y que ambos sean citados a declaración indagatoria. Milei pretende gobernar por decreto, desconocer las leyes votadas por el Congreso y desobedecer a la Justicia cuando sus resoluciones afectan sus intereses. Vamos a defender el financiamiento universitario, los salarios de sus trabajadores y el derecho de los estudiantes. La universidad pública no puede seguir siendo una de las variables de ajuste de este Gobierno”, concluyó Solano.