En un nuevo e impactante capítulo de la investigación judicial por la fuga de las reservas soberanas del país, la Justicia recibió este lunes una ampliación de la denuncia penal que acorrala al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y al presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili. La presentación, realizada por el abogado Gregorio Dalbón, solicitó de manera urgente el allanamiento de la sede central de la autoridad monetaria para secuestrar servidores, correos electrónicos y documentación clave vinculada al giro de lingotes de oro al exterior.

La profundización de la acción judicial se produce luego de que saliera a la luz que el Deutsche Bank —entidad bancaria internacional en la que tanto Caputo como Bausili se desempeñaron profesionalmente en el pasado— habría actuado como contraparte comercial en las controvertidas maniobras financieras con las reservas nacionales. De acuerdo con informes y dictámenes elaborados por la Auditoría General de la Nación (AGN), estas operaciones opacas ejecutadas por la gestión libertaria provocaron un perjuicio patrimonial multimillonario que dejó pérdidas estimadas en 1.023 millones de dólares para las arcas del Banco Central.

Ante la gravedad del daño ocasionado al patrimonio de todos los argentinos, el letrado querellante solicitó la adopción inmediata de medidas de prueba tendientes a determinar con precisión los mecanismos de contratación utilizados por los funcionarios nacionales. «La prueba esencial de esta causa es documental y electrónica, y está en poder de un organismo cuyas máximas autoridades son los denunciados, los contratos y confirmaciones, las actas, los informes de riesgo y las comunicaciones con las contrapartes», advirtió Dalbón en el escrito judicial.

Piden allanamiento del BCRA, secuestro de servidores y ampliación de imputados

Para evitar la alteración, el ocultamiento o la destrucción de evidencia determinante, la querella le exigió a la Justicia un operativo de allanamiento en el edificio del Banco Central. La medida busca el secuestro de los servidores físicos y de las casillas de correo institucional de las máximas autoridades del organismo para reconstruir el intercambio formal e informal mantenido con los ejecutivos del Deutsche Bank. El pedido alcanza de forma directa a las casillas de correo de la Presidencia del BCRA, del Directorio en su conjunto y a los registros de acceso informático que permitan identificar quiénes crearon, modificaron o archivaron la documentación del caso.

Asimismo, la ampliación de la denuncia salpicó a otros altos cargos de la conducción económica libertaria, sumando como imputado a Nicolás Ferro, actual subsuperintendente de Entidades Financieras y Cambiarias y miembro integrante del Directorio del BCRA. Cabe recordar que, en instancias previas del expediente, Dalbón ya había requerido la inmediata detención de Luis Caputo, Santiago Bausili y del director del Banco Central Juan Curutchet, atribuyéndoles los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En paralelo, la solicitud elevada ante los tribunales exige que la autoridad monetaria entregue un expediente detallado que transparentes el procedimiento y los criterios de selección aplicados para definir a cada contraparte internacional, adjuntando las invitaciones emitidas, las cotizaciones recibidas y las ofertas formales. La Justicia busca desentrañar la metodología de estructuración y valuación de los giros de oro, el costo total de las operaciones —incluyendo comisiones, honorarios, márgenes y primas abonadas— y la identificación precisa de cualquier intermediario o asesor financiero que haya percibido ventajas o beneficios indebidos en el proceso.

Requerimientos internacionales al Deutsche Bank para destapar el escándalo

El escrito judicial extiende sus requerimientos a la propia entidad bancaria alemana. Se solicitó que el Deutsche Bank informe si celebró contratos o transacciones financieras con el BCRA durante los períodos 2024 y 2025, remitiendo copias de los contratos, confirmaciones de operaciones, detalle de comisiones o márgenes cobrados y el registro de garantías constituidas. Además, la Justicia busca determinar si el banco internacional realizó pagos, retrocesiones o transferencias a terceros por estas operaciones, individualizando a los beneficiarios finales.

Esta escandalosa maniobra con el patrimonio nacional representa una muestra categórica del modelo de especulación y fuga que promueve el gobierno de Javier Milei. Mientras la Casa Rosada desmantela los recursos soberanos para sostener un esquema financiero insostenible que favorece a pulpos bancarios amigos, la población padece las dramáticas consecuencias del recorte presupuestario en salud, educación y jubilaciones.

El remate de las reservas y la opacidad en el manejo del oro contrasta plenamente con el modelo de desarrollo, transparencia y contención social que llevan adelante el gobernador Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires y el intendente Federico Susbielles en Bahía Blanca. Frente a la entrega del patrimonio público impulsada desde los despachos nacionales, las gestiones provincial y municipal continúan trabajando en la defensa irrenunciable del tejido productivo, el trabajo argentino y los intereses de la comunidad