La Secretaría de Medios y Comunicación, liderada por Manuel Adorni, incrementó su planta de personal a 248 empleados y solicitó autorización para ampliarla a 300, según reveló la periodista Mariel Fitz Patrick de A24. Este aumento se da en paralelo al discurso de ajuste y reducción del gasto público que pregona el gobierno nacional.

Mientras el gobierno insiste en la necesidad de austeridad y reducción del gasto estatal, la Secretaría de Medios y Comunicación, bajo la gestión de Manuel Adorni, parece ir en dirección opuesta. Datos oficiales proporcionados por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y revelados por la periodista de A24 Mariel Fitz Patrick, indican que la secretaría aumentó su planta de personal y busca ampliarla aún más.

Al 31 de marzo de 2025, la Secretaría de Medios contaba con 248 empleados, lo que representa un incremento significativo en comparación con los 208 que registraba en 2024. Este aumento de personal se produce en un área clave para la comunicación gubernamental, encargada de las transmisiones oficiales, las conferencias de prensa, las desgrabaciones, la comunicación digital del Gobierno y la coordinación de los voceros de cada ministerio.

La estructura de la Secretaría de Medios incluye una importante cantidad de cargos jerárquicos dentro de los 248 trabajadores registrados: 18 directores, 12 coordinadores, 14 responsables de área, 14 consultores y al menos 52 analistas y asistentes, entre otros puestos de menor rango.

Uno de los nombres que resalta dentro de la estructura es el de Juan Pablo Carreira, quien se desempeña como director nacional de Comunicación Digital de la Presidencia y es conocido por ser uno de los fundadores del sitio web ultraoficialista «La Derecha Diario».

La revelación de este aumento de personal en la Secretaría de Medios contrasta fuertemente con el discurso de ajuste y la política de reducción de la planta estatal que el gobierno promueve en otros ámbitos. Además, se conoció que la secretaría, que maneja un presupuesto anual de 30.000 millones de pesos, buscaría ampliarlo para el año 2026, según la información difundida.

Esta situación podría generar críticas y cuestionamientos sobre la coherencia entre el discurso y la práctica del gobierno en materia de gasto público y la eficiencia de la administración estatal.