«Esto acarreará en un aumento de nuevos casos, diagnósticos tardíos, mayor mortalidad y aún más carga sobre el sistema de salud, exigiendo más insumos y medicamentos», aseguraron. Por este motivo, enviaron un fuerte mensaje a los diputados y senadores para que «rechacen el presupuesto al Programa 22» y amplíen las partidas presupuestarias a fin de que garanticen la disponibilidad de recursos para la adquisición de medicamentos e insumos.

«La partida explicita algo que ya viene pasando con todo lo relacionado a prevención y tratamiento de VIH e ITS que es un desguace lento y constante», sostuvo en diálogo con C5N Caio Sigmaringa, miembro de ACT UP, organización activista que forma parte del Frente Nacional VIH.

Ante este escenario, destacó dos aspectos que generan preocupación: «Por un lado, los retrasos en la entrega de medicamentos que causó que miles de personas tengan que cambiar el esquema de medicación algo que afecta la adherencia y aumenta el abandono de tratamiento».

«En Argentina hay unas 65 mil personas en tratamiento y cada año unas cinco mil comienzan con el mismo. Se les suman aquellos que abandonan el sistema de obras sociales y prepagas por no poder pagarlas e ingresan al sistema de salud público. El presupuesto ya no alcanza para estas 65 mil», especificó.

El segundo factor está vinculado con la prevención y el importante recorte en la compra de preservativos. En ese punto, señaló que sumado al aumento del precio de los mismos, desde el Ministerio de Salud no proveen a los estados provinciales. «Las provincias dependen de compras propias y la mayoría no cuentan con los reactivos necesarios para hacer exámenes de CD4 y de carga viral que aseguran que el tratamiento esté funcionando», describió.

«Si no alcanza para medicamentos no va a alcanzar para campañas de prevención, compra de preservativos, testeos para VIH, sífilis y otras ETS«, alertó y sentenció que estas circunstancias se traducirá en «que va a haber más diagnósticos tardíos por falta de testeos, más infecciones y más personas llegando muy enfermas al sistema de salud, sobrecargándolo».

La situación de las personas con VIH en Argentina

De acuerdo a cifras oficiales, se estima que en el país aproximadamente 140.000 personas viven con VIH, aunque un 13% de ellas lo desconoce. En la actualidad, el 68% de las personas que conoce su diagnóstico se atiende en el subsistema público de salud y más de 65 mil se encuentran en tratamiento antirretroviral en el mismo.

El último informe regional de ONUSIDA, el programa de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, reveló que cada cuatro minutos una persona se infectó con VIH en América Latina durante el último año mientras que en Argentina el 44,5% de las personas que acceden a su diagnóstico de VIH lo hace de manera tardía.

«Desde hace más de 20 años el Ministerio de Salud realiza las compras para asegurar la provisión en forma gratuita de tratamientos de alto precio a personas que se atienden en el sistema público de salud», explicaron desde el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, Hepatitis y Tuberculosis.

En el trascurso de este año, «a causa de la paralización de compras públicas, venimos enfrentando faltantes de algunos medicamentos, lo que ha provocado cambios forzados de tratamientos, faltantes de preservativos, como así también falta de reactivos para estudios de carga viral y células CD4, testeos fundamentales para el monitoreo de la efectividad y seguridad de los tratamientos».

«Es preocupante observar que el presupuesto para el Programa 22 ha crecido sólo un 8,51% en comparación con el último presupuesto aprobado, mientras que la inflación interanual acumulada de septiembre 2023 a septiembre 2024 ha sido del 209%. Además, del presupuesto total del Ministerio de Salud, en 2023, el Programa 22 significaba el 4.8%, y para 2025 se prevé que el porcentaje de ese Programa descienda al 0.89% del total de los recursos asignados a la salud pública», denunciaron.

En detalle, en el último presupuesto aprobado del 2023, la asignación fue de $21.242.070.001. El presupuesto propuesto para 2025 es de apenas $23.052.000.000, lo que representa un recorte de 75,72% en términos de dólares estadounidenses, moneda en la que se adquiere la medicación. Además, la propuesta actual es 54,31% menor que los $42.451.555.000 propuestos, aunque no aprobados, para 2024.

«El recorte presupuestario propuesto no solo es un retroceso en la lucha por la salud pública y los derechos humanos, sino que también pone en riesgo la vida de miles de personas que dependen del sistema público de salud para continuar sus tratamientos, en cumplimiento de la Ley 27.675″, concluyeron.