El Ministerio de Defensa dispuso una reducción en la jornada laboral del personal de las tres fuerzas —Ejército, Armada y Fuerza Aérea—, estableciendo un horario de actividad de 7:30 a 12:30. La medida responde a una necesidad de recortar gastos operativos, específicamente en lo relativo a la provisión de almuerzos para el personal y el consumo de servicios básicos, como el suministro eléctrico.

La decisión busca, en primera instancia, optimizar el presupuesto disponible en un contexto donde los ingresos de los efectivos han quedado rezagados. La reestructuración horaria impide que el personal deba almorzar en las unidades, lo que permite un ahorro directo en las raciones, al tiempo que libera a los efectivos durante las horas de la tarde. Esta flexibilidad horaria, según fuentes del sector, también facilita que el personal pueda desempeñar actividades laborales complementarias, una práctica que se ha vuelto común debido a que los salarios del sector se encuentran, en muchos casos, por debajo de la línea de pobreza y significativamente alejados de los sueldos en otras fuerzas de seguridad.

La situación presupuestaria ha forzado a las autoridades de diversas unidades a implementar mecanismos de subsistencia inusuales. Se han reportado casos donde los cuarteles recurren al trueque para obtener insumos básicos, alimentos o repuestos para vehículos antiguos. En algunos operativos logísticos, se ha procedido al canje de metales fundidos por provisiones o al intercambio de productos agrícolas, como membrillos, para financiar reparaciones menores en unidades de transporte.

En paralelo a la reducción de gastos operativos, persiste el debate sobre la gestión de activos inmobiliarios y terrenos pertenecientes a las fuerzas. De acuerdo con versiones que circulan, la venta de tierras y edificios —como el caso de un predio en el barrio Las Cañitas, vendido por 30 millones de dólares— ha generado ingresos estimados en 300 millones de dólares. No obstante, existe controversia sobre el destino final de estos fondos, con denuncias que sugieren que gran parte de los recursos han sido absorbidos por la administración central con el objetivo de alcanzar las metas de déficit fiscal, dejando a las unidades operativas con escaso financiamiento directo.

Esta serie de medidas evidencia la profunda crisis que atraviesan las instituciones militares, obligadas a desmantelar rutinas históricas y desprenderse de activos para sostener la operatividad mínima frente a una severa restricción presupuestaria.