Un informe del CEPA revela que, entre 2023 y 2026, el financiamiento para educación superior sufrió un recorte real del 41,6%. En vísperas de una nueva marcha federal, los datos muestran que casi la totalidad de los cargos docentes de dedicación simple se encuentran por debajo de la línea de indigencia.

En la previa de una nueva movilización federal universitaria, un exhaustivo informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) pone cifras al conflicto: el presupuesto de las Universidades Nacionales registró un ajuste real acumulado del 41,6% respecto de los niveles de 2023. Esta caída se profundiza al analizar el poder adquisitivo de los trabajadores del sector, quienes desde la asunción de la actual gestión han visto una reducción salarial del 34,2%.

 

El documento analiza la disputa técnica y legal entre la denominada «Ley insistida» (Ley 27.795), sancionada por el Congreso y vetada originalmente por el Ejecutivo, y la contrapropuesta oficialista. Mientras que la ley ratificada por el Poder Legislativo permitiría recuperar los niveles presupuestarios de 2023, el proyecto del Gobierno consolidaría un recorte que dejaría el financiamiento un 35,1% por debajo de lo que establece la normativa vigente pero suspendida por decreto.

 

Salarios bajo la línea de flotación

La situación de los ingresos es crítica. Según los datos actualizados a abril de 2026, la mayoría de los cargos universitarios no logran superar el umbral de la pobreza. Únicamente los docentes titulares con dedicación exclusiva y el personal no docente de los niveles más altos (1 y 2) perciben salarios por encima de la Canasta Básica Total (CBT).

 

El panorama es aún más grave al observar la Canasta Básica Alimentaria (CBA). Los cargos de dedicación simple y gran parte de los de dedicación semi-exclusiva se sitúan por debajo de la línea de indigencia. Un caso testigo es el de un Jefe de Trabajos Prácticos (JTP) con dedicación semi-exclusiva: su salario real cayó un 50,8% en comparación con noviembre de 2015.

 

La pulseada legislativa

El informe del CEPA destaca que la Ley 27.795 buscaba una recomposición del 44% para equiparar los salarios con la inflación acumulada hasta octubre de 2025. En contraste, la oferta oficial de un incremento del 12,3% en cuotas para 2026 resulta insuficiente frente a una inflación proyectada del 23,6% para septiembre de este año.

 

De aplicarse el esquema gubernamental, el salario real docente registraría una nueva caída de 1,5 puntos porcentuales hacia finales del tercer trimestre, profundizando el deterioro de un sector que mañana volverá a las calles para reclamar por la supervivencia de la educación pública.