La Confederación General del Trabajo (CGT) emitió un duro comunicado repudiando el accionar del Gobierno Nacional, al que acusa de mostrar un «modus operandi ilegal y antidemocrático» tras las detenciones del dirigente social Juan Grabois y el estudiante Valentín Peralta Ramos sin orden judicial. El gremio advierte sobre una alarmante falta de respeto por los valores democráticos y los derechos fundamentales.

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha levantado su voz de alarma y ha expresado su más enérgico repudio contra el Gobierno Nacional, a raíz de una serie de decisiones que, a su entender, «muestran su falta de respeto por los valores democráticos, los derechos fundamentales y el patrimonio histórico y cultural de la República Argentina». El pronunciamiento de la central obrera, fechado el 9 de junio de 2025 y emanado de su Consejo Directivo Nacional, se suma a un creciente clima de tensión entre el poder ejecutivo y diversos sectores de la sociedad civil.

El punto central de la denuncia de la CGT radica en la intervención policial ocurrida el pasado sábado 7 de junio en el Instituto Juan Domingo Perón. Durante este operativo, el dirigente social Juan Grabois y el estudiante universitario Valentín Peralta Ramos fueron «ilegalmente detenidos, sin orden judicial que respalde ese acto». Para la CGT, este episodio no es un hecho aislado, sino que «desnuda un modus operandi ilegal y antidemocrático que la CGT no está dispuesta a aceptar y mucho menos naturalizar». La ausencia de una orden judicial es un punto crítico en la argumentación de la central, ya que vulnera principios básicos del debido proceso y la libertad individual.

La CGT enfatiza que el Poder Ejecutivo, representado por el Presidente de la Nación y la Ministra de Seguridad, «no puede solicitar detenciones a gusto y arbitrariedad». La central obrera recuerda la existencia de un Poder Judicial cuya función primordial es «respetar el derecho constitucional que asiste a toda persona, siguiendo el debido proceso en esta y en todas sus acciones». La frase «sin embargo, nada de eso ocurrió» resalta la gravedad de la situación, sugiriendo un desprecio por las garantías constitucionales. Este tipo de acciones, argumenta la CGT, socavan las bases de un estado de derecho y abren la puerta a prácticas autoritarias.

Este reciente comunicado no es la primera vez que la CGT expresa su preocupación ante las políticas del actual gobierno. La central sindical rememoró un pronunciamiento anterior, publicado el 9 de mayo, en el que ya había repudiado el cierre del Instituto Juan Domingo Perón y el despido de sus trabajadores. En aquella ocasión, la CGT también había solicitado al Estado Nacional que el «patrimonio cultural quede bajo custodia de la Confederación General del Trabajo, donde los símbolos que constituyen una parte importante de nuestra historia -sin duda- estarán resguardados por quienes verdaderamente los valoran y están comprometidos con su preservación». Esta referencia no solo reafirma la posición de la CGT en la defensa de los derechos laborales y la institucionalidad, sino que también subraya su rol como custodio de la memoria histórica y los valores peronistas, asociados al Instituto Juan Domingo Perón.

La postura de la CGT se presenta como una defensa férrea de la institucionalidad democrática frente a lo que percibe como un avance autoritario del Gobierno Nacional. El comunicado no solo busca denunciar un hecho puntual, sino advertir sobre un patrón de conducta que, de persistir, podría tener consecuencias profundas para la salud de la democracia argentina. La central obrera se posiciona como un actor clave en la defensa de los derechos fundamentales y el respeto al estado de derecho, anticipando una confrontación creciente si el gobierno mantiene este tipo de acciones. La sociedad argentina, y en particular los actores políticos y sociales, estarán atentos a las repercusiones de este contundente pronunciamiento.