Apenas dos días después de que la Corte Suprema de Justicia ratificara la condena contra la expresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad, un allanamiento en la madrugada del jueves a la casa del militante peronista Roberto «Cachorro» Acosta en Santa Fe ha encendido las alarmas en el ámbito político y social. La medida, ordenada por la Justicia Federal por pintadas y afiches críticos al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, es percibida como una «nueva avanzada de poder» en un contexto de creciente hostilidad hacia la oposición, evocando oscuros episodios del pasado reciente argentino.

El operativo policial, encabezado por el fiscal federal de Santa Fe, Gustavo Onel, tuvo lugar en la vivienda de Roberto «Cachorro» Acosta, un reconocido militante del Partido Justicialista (PJ). La investigación se inició a raíz de pintadas con aerosol en paredes que contenían consignas como «Ojo Rosatti» y «Rosatti supremo hijo de puta», las cuales aparecieron un día después de que se conociera el fallo de la Corte Suprema. Estas expresiones fueron consideradas por la Justicia como «amenazas».

Durante el allanamiento, los efectivos policiales secuestraron y fotografiaron afiches con consignas en defensa de la presidenta del PJ, así como remeras con simbología partidaria y un escudo del partido. Además, le fue decomisado el teléfono celular a Acosta. Medios de comunicación locales también reportaron la aparición de pintadas similares en las inmediaciones de la sede del PJ en Santa Fe, lo que sugiere una acción coordinada o una manifestación extendida de descontento.

La diputada nacional de Unión por la Patria, Florencia Carignano, repudió enérgicamente el allanamiento en declaraciones radiales, ironizando sobre la situación: «Ayer (por el jueves) ocurrió algo inédito: este compañero había estado en una reunión donde se programan todas las actividades y fue allanado por la Policía Federal por orden de un fiscal federal. Le allanaron su domicilio y le encontraron folletos de Cristina, remeras, un escudo del partido. ¡Un terrorista!». A través de sus redes sociales, Carignano también manifestó su indignación, publicando: «Los años más oscuros volvieron. No nos van a parar», haciendo una clara referencia a épocas dictatoriales.

Desde el PJ santafesino, la reacción no se hizo esperar. En un comunicado, expresaron su fuerte rechazo a Horacio Rosatti, recordándole su pasado como intendente de la capital provincial entre 1995 y 1999, dentro de las filas del mismo espacio político. «Hoy traiciona no sólo los principios del justicialismo, sino también a la ciudadanía que alguna vez dijo representar», denunciaron desde el partido, profundizando la grieta política y judicial.

Este incidente se produce en un escenario de alta tensión. El Poder Judicial, en palabras de algunos sectores políticos, parece estar ejecutando una «nueva avanzada de poder» en un contexto donde el ámbito político, mediático y empresarial se muestra «cada vez más hostil contra cualquier expresión opositora». La comparación con prácticas de «dictadura» por parte de dirigentes como Carignano subraya la gravedad con la que se percibe este tipo de acciones, generando un clima de incertidumbre y preocupación por la libertad de expresión y la disidencia política en el país.