En un contundente paso en el plano judicial e institucional frente al sistemático uso de la violencia de Estado y la criminalización de la protesta en la Capital Federal, la legisladora porteña y referente docente del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, Amanda Martín, formalizó una denuncia penal contra el ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Giménez, y la cúpula de la Policía de la Ciudad. La presentación judicial apunta al accionar violento, abusivo y persecutorio desplegado por la fuerza de seguridad porteña en las brutales represiónes callejeras ocurridas los días 14 y 21 de octubre.

Las agresiones físicas sufridas por la referente legislativa no se trataron de episodios aislados, sino de un patrón represivo direccionado por la conducción política de la gestión del Pro encabezada por Jorge Macri. El primero de los episodios denunciados tuvo lugar el pasado 14 de octubre en la intersección de las avenidas Callao y Corrientes, donde las brigadas policiales avanzaron violentamente contra manifestantes. El segundo hecho se registró el 21 de octubre, durante la concentración desarrollada frente a las dependencias policiales para exigir la inmediata liberación de los trabajadores del subterráneo que habían sido arbitrariamente arrestados por llevar adelante una medida de protesta pacífica con liberación de molinetes.

En ambas jornadas represivas, la diputada Martín resultó con heridas y lesiones corporales de diversa consideración provocadas por el accionar desmedido de los efectivos. Ante esta gravedad institucional, la presentación judicial requiere la investigación urgente sobre la cadena de mandos de las fuerzas intervinientes y solicita formalmente que el ministro de Seguridad, Horacio Giménez, sea citado a prestar declaración indagatoria en calidad de responsable político directo de los operativos.

Cargos por vejaciones, apremios e irrupción violenta en los barrios populares

La denuncia impulsada por la legisladora porteña encuadra el accionar de los efectivos de la Policía de la Ciudad y de sus autoridades en una serie de delitos graves previstos en el Código Penal. La nómina de imputaciones abarca los tipos penales de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, apremios ilegales, lesiones leves y graves, vejaciones en el ejercicio de la función pública y hostigamiento persecutorio agravado.

Al referirse a la presentación ante la Justicia, Amanda Martín dejó en claro la gravedad de la doctrina punitiva que impulsa la administración del distrito capitalino: “Denuncié penalmente por el accionar violento y sistemático a la Policía de la Ciudad y a Horacio Giménez. Incluyendo los delitos de abuso de autoridad, apremios ilegales, lesiones, vejaciones y hostigamiento persecutorio”.

En ese marco, la representante legislativa remarcó que las embestidas de la fuerza de seguridad responden a un esquema orgánico contra el conjunto de los sectores sociales que se organizan contra la crisis socioeconómica: «No se trata de un hecho aislado, sino de agresiones reiteradas y direccionadas contra mi persona pero también contra vendedores ambulantes, jubilados los miércoles, en las villas con los operativos que el GCBA bautizó como ‘Tormenta Negra’, trabajadores del subte. Vamos a exigir que se investiguen estos hechos y que los responsables como el ministro de seguridad y el jefe de gobierno rindan cuentas. La represión y la persecución no pueden naturalizarse como respuesta a quienes luchamos y defendemos los derechos de los trabajadores”.

Con esta acción penal, el espacio legislativo busca sentar un antecedente clave contra la impunidad policial en la Ciudad de Buenos Aires, exigiendo el cese inmediato de los operativos de profilaxis social en las barriadas y garantizando el irrestricto derecho constitucional a la protesta y a la huelga de la clase trabajadora.